Expertos de la ONU ven en el indulto a Fujimori "una bofetada" a las víctimas

"Estamos conmocionados por esta decisión", han indicado en un comunicado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. "Es una bofetada para las víctimas y los testigos cuyo incansable compromiso le llegó ante la justicia", han valorado.

"El indulto presidencial concedido a Alberto Fujimori por motivos políticos mina el trabajo del sistema judicial peruano y de la comunidad internacional para lograr hacer justicia", han lamentado, defendiendo que supone también un "revés para el Estado de Derecho en Perú", puesto que se ha concedido el perdón a "alguien condenado por graves crímenes después de un juicio justo, cuya culpabilidad no está en cuestión y que no cumple con los requisitos legales para un indulto".

Por otra parte, han recordado a Kuczynski que los indultos humanitarios requieren un proceso riguroso, creíble y transparente que sea compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, han subrayado que "el Derecho Internacional de los Derechos Humanos restringe la concesión de amnistías, indultos u otras exclusiones de responsabilidad en casos de graves violaciones de los Derechos Humanos incluidos asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas".

Así las cosas, han subrayado que "el Gobierno no debería ceder a la presión política e ignorar sus obligaciones nacionales e internacionales". "Fujimori debe ser tratado como cualquier otra persona condenada de graves crímenes contra los Derechos Humanos", han insistido los expertos de la ONU.

A este respecto, han incidido en que el expresidente debería ser tratado de forma compatible con su estado de salud y conforme a los estándares y procedimientos establecidos que se aplican a las personas privadas de libertad en Perú.

Por otra parte, han sostenido que el Gobierno peruano "debería respetar a las víctimas y testigos que lucharon por la justicia y adoptar una estrategia de justicia transicional integral de forma prioritaria".