Las FARC piden al Gobierno que mejore las condiciones carcelarias como un gesto de reciprocidad

"La inminencia de la liberación del general (Rubén Darío) Alzate, como gesto de paz, sumado al compromiso de las FARC de respetar los acuerdos firmados con el Gobierno y de ajustarse a la aplicación de los Derechos Humanos, contrasta con la inhumanidad y el total abandono estatal en las cárceles colombianas", han dicho en un comunicado.

Las FARC han aludido a los 180 guerrilleros encarcelados en La Picota, en Bogotá, que el lunes iniciaron una huelga de hambre para denunciar la falta de atención médica urgente que, según denunciaron los reos, ha llevado a una situación de "tortura".

"Los prisioneros de La Picota han tenido que tomar la dramática decisión de irse a las vías de hecho y declararse en huelga de hambre, como protesta necesaria, con la angustiosa esperanza de que sea visibilizada su terrible situación", han subrayado.

El grupo armado ha aclarado que "los prisioneros no están reclamando nada suntuoso o imposible de conceder, sino que se les dé a los enfermos la debida atención médica, medicinas y especialistas de acuerdo a la patología, el derecho a un trato justo, lo normal para la existencia de un ser humano en condiciones de dignidad".

Más allá de los guerrilleros presos, las FARC han denunciado que "en las cárceles colombianas el hacinamiento, la falta de atención jurídica, la violación de derechos básicos como la visita conyugal, la alimentación o la atención médica, son problemas que se convirtieron en pan de cada día, agravándose progresivamente hasta convertirse en un verdadero atentado al derecho a vivir".

"Los derechos fundamentales de los prisioneros son cercenados de manera criminal y reiterada, sin que para nada las autoridades carcelarias, pero en general el Estado, se den por entendidos respecto a las graves denuncias de una población carcelaria que vive en absoluta situación de abandono", han sostenido.

Así, ha reiterado su llamamiento "a las autoridades nacionales para que actúen en concordancia con los convenios de Derechos Humanos y solucionen de la manera más pronta la situación de los ciudadanos privados de la libertad".

También ha reclamado con urgencia "la solidaridad de organizaciones nacionales, internacionales y defensores de los Derechos Humanos para lograr que estos colombianos, presos políticos y sociales, tengan la atención que se merecen".

"Que no sean doblemente victimizados por un régimen injusto y arbitrario que no solo condena y extradita inocentes, sino que también los somete a los peores vejámenes en las llamadas cárceles, que no son otra cosa que centros de tortura, hacinamiento y olvido de la condición humana", ha concluido.

ÚLTIMOS SECUESTRADOS

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha confirmado que el general Alzate y sus dos acompañantes --el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego--, que fueron secuestrados el 16 de noviembre en el departamento de Chocó, serán liberados el próximo sábado.

El martes, la guerrilla ya liberó, como parte de un acuerdo con el Gobierno, a los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, que fueron secuestrados el 9 de noviembre en el departamento de Arauca.

El secuestro de Alzate, hombre de confianza del presidente en las Fuerzas Armadas, llevó a Santos a anunciar la semana pasada la suspensión del diálogo de paz, al considerar que las FARC habían violado la firme promesa que hicieron en 2012 de renunciar al secuestro con fines extorsivos.

Después de varios días de confusión, las FARC reivindicaron ambos secuestros, subrayando que los cinco rehenes eran "prisioneros de guerra", y anunciaron su intención de liberarles, para lo que finalmente llegaron a un acuerdo con el Gobierno.