La Fiscalía defiende ante la ONU que "el derecho a la vida es sagrado" en Venezuela

"En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia", ha dicho Ortega en su comparecencia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la ciudad suiza de Ginebra.

Ortega Díaz ha explicado que para garantizar el derecho a la vida se ha puesto el énfasis en la seguridad ciudadana. "El Estado venezolano busca controlar y contener la criminalidad", ha afirmado, según informa la agencia oficial AVN.

La jefa del Ministerio Público ha destacado la aprobación hace dos años de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones gracias a la cual --ha sostenido-- se han destruido 26.518 armas de fuego en 2014.

En la misma línea, ha destacado el esfuerzo de los últimos años para mejorar la capacitación técnica y profesional de los agentes, para lo cual se creó en 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

La mejora de la cualificación de las fuerzas de seguridad, ha contado, se ha complementado con la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles. En este último apartado, Ortega Díaz ha indicado que hay 80 casos de tortura y más de 1.500 de tratos crueles que se han judicializado entre 2014 y 2015.

A este respecto, también ha recordado que desde 2008 Venezuela cuenta con una Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que el año pasado logró abrir 15.929 casos.

Ortega Díaz ha aprovechado en este punto para subrayar que la época de mayor represión política en Venezuela se vivió entre 1958 y 1998. "Ha sido la más brutal (...). Miles de personas fueron asesinadas y, aunque parezca mentira, ni un solo funcionario de los cuerpos de seguridad fue detenido por ello", ha criticado.

En contraste, ha valorado que desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, "se consolida un Estado democrático y popular y se reconstruye la memoria colectiva con el desarrollo de investigaciones para sancionar las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas entre 1958 y 1998.