Fuerza Popular insiste en iniciar un debate sobre la salida de Perú de la Corte Interamericana de DDHH

"Creo que todo tiene su límite. Después de tantos años que la corte nos ha traído al país daños morales y económicos, va siendo hora de comenzar a debatir en serio si debemos salir de las competencias de esta ideologizada corte", ha aseverado Becerril.

Las declaraciones del portavoz del partido opositor han tenido lugar varios días después de que la corte solicitara al Congreso peruano que archivara la acusación constitucional interpuesta contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el marco del caso 'El Frontón', la masacre de presos que tuvo lugar en 1986 en varias cárceles del país.

"Para lo único que ha servido la corte es para defender a terroristas y a los familiares de los mismos. Así que ya parece que esta ha sido la gota que ha rebalsado el vaso, por lo que tenemos que comenzarlo a plantear", ha expresado.

En este sentido, el diputado se ha mostrado en contra de que el Parlamento acate el fallo de la CoIDH en el que, según ha asegurado, existe una "injerencia inaceptable", según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

"¿Dónde queda la soberanía jurídica del Parlamento, dónde queda la soberanía jurídica del Perú?", ha insistido. "Mi posición es que no se debe acatar esta resolución totalmente antojadiza y abusiva de parte de la corte. Ojalá que los demás colegas también puedan abonar en ese sentido y hacer sentir a la corte nuestro rechazo, que no somos una colonia, somos un país soberano y basta ya de injerencias de este tipo", ha continuado.

En su fallo, la CoIDH dispuso la ratificación de la resolución que el presidente de la corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presentó en diciembre de 2017, en la que pedía al Gobierno peruano que archivara "el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña".

EL CASO 'EL FRONTÓN'

El caso contra los magistrados del Constitucional fue abierto a raíz de una acusación constitucional presentada en noviembre de 2017 por once altos cargos del Ejército contra los magistrados del Tribunal Constitucional.

Según los militares, los jueces en cuestión habrían violado el precepto constitucional de "inmutabilidad de la cosa juzgada" al emitir una resolución en la que dejaban sin efecto una sentencia de 2013 en la que se estipulaba que los hechos ocurridos durante el motín de El Frontón en 1986 no constituyen delitos de lesa humanidad.

Los miembros del tribunal, por su parte, han alertado de que su independencia se encuentra amenazada por parte del Parlamento peruano.

La matanza de El Frontón se encuadra dentro de un conjunto de acciones militares que tuvieron lugar en el país los días 18 y 19 de junio de 1986 tras un amotinamiento de presos acusados de terrorismo en dicha cárcel y en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara.