El Gobierno de Ecuador acepta resignado el fallo de la corte de La Haya en el caso Chevron

"Ecuador, si bien no está de acuerdo con las medidas provisionales que ha adoptado el tribunal arbitral, las que interfieren innecesariamente en nuestra administración de justicia, es un país soberano que reconoce sus obligaciones bajo el derecho internacional", afirmó hoy la Procuraduría del Estado.

El procurador (abogado del Estado), Diego García, en un comunicado oficial, agregó que el país "también tiene muy presente aquellas obligaciones que tienen las autoridades ecuatorianas bajo el derecho interno, que debe ser igualmente respetado".

García explicó que la orden establece medidas "que ya se encuentran reconocidas por el derecho ecuatoriano", en el sentido de que ninguna sentencia que se encuentre en apelación "sea objeto de reconocimiento o ejecución en el Ecuador o en el exterior".

Además, precisó que su país "se encuentra analizando con los abogados nacionales y extranjeros encargados de la defensa del Estado todas las medidas que puedan ser adoptadas y que sean legales y apropiadas para dar cumplimiento a la orden del Tribunal".

Aclaró que "el Tribunal deja en claro en su decisión que esta orden no afecta en nada a las objeciones jurisdiccionales que ha presentado Ecuador y que aún se encuentran pendientes de una decisión por parte" de esa corte.

Asimismo, subrayó que "todavía no existe una sentencia del juez que conoce el caso", cuyo proceso lleva ya dieciocho años y dijo que "los ojos de la comunidad nacional e internacional se encuentran pendientes de ese caso, cuya sentencia, en cualquier sentido que se adopte, todos esperamos sea apegada a derecho".

Chevron está sometida a un juicio por daño ambiental en la corte de la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), acusada por supuestos graves daños ambientales causados durante el periodo en el que operó en el país.

En este litigio, residentes de Sucumbíos reclaman una millonaria indemnización por los daños medioambientales imputados a Texaco entre 1964 y 1990, compañía posteriormente adquirida por Chevron.

La petrolera, por el contrario, asegura que los daños son responsabilidad de la mala gestión de la compañía estatal Petroecuador, que asumió a mediados de los años noventa el control de los campos petrolíferos donde se produjeron derrames.

Chevron, en septiembre de 2009, planteó una demanda ante la Corte de La Haya contra Ecuador, conforme a un antiguo Tratado de Inversión Bilateral entre Washington y Quito.

El portavoz de la petrolera, James Craig, alabó el último fallo en La Haya, al considerar que con ello se han tomado medidas para prevenir los daños y perjuicios que resultarían de las acciones ilegales de los abogados de los demandantes.

"En Chevron nos complace esta decisión, pero sólo el Gobierno de Ecuador puede tomar las medidas necesarias para acabar con el fraude que se está perpetrando en su sistema judicial", reclamó el portavoz de la petrolera, que sospecha de una trama de fraude ejecutada por los demandantes.

De su lado, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, también aplaudió el fallo de la Corte de La Haya, porque garantiza "un juicio transparente, un juicio en el que no haya incidencia de ninguna característica".

Fajardo acusa a la petrolera de ser ella la que ejerce presiones para dilatar el caso y evitar una eventual condena, ante lo que considera "abundante prueba" que demostraría el imputado daño ambiental en la Amazonía.