El Gobierno aprueba un decreto que permite al Ejército detener a civiles y procesarlos en tribunales castrenses

El Ministerio de Justicia de Egipto ha aprobado este miércoles un decreto que permitirá a las Fuerzas Armadas arrestar a civiles y procesarlos en tribunales castrenses, según ha informado el diario 'Al Ahram'.

La medida supone volver a conceder al Ejército una potestad que había mantenido en los últimos treinta años por la vigencia de la Ley de Emergencia, que restringía las libertades básicas de los ciudadanos y otorgaba capacidades reforzadas a las autoridades en materia de seguridad.

Tras la derogación de esa norma, exigida por los manifestantes que, con sus protestas, lograron derrocar el 11 de febrero de 2011 al entonces presidente, Hosni Mubarak, los únicos que podían detener a civiles eran los agentes de la Policía, que depende del Ministerio del Interior.

El decreto señala que los militares podrán detener a los civiles que hayan cometido delitos que afecten al Gobierno, que tengan o usen explosivos, se resistan a las autoridades, que hayan participado en la destrucción de propiedades privadas o monumentos, por obstruir el tráfico y por hacer huelga en instituciones que "sirvan para el bien público" o afecten al derecho al trabajo.

Según el Ministerio, el nuevo decreto se basa en una ley de 1966 y estará en vigor hasta que sea aprobada la nueva Constitución, que está siendo redactada actualmente por los representantes de los partidos elegidos en la Asamblea en las elecciones legislativas que acabaron en enero.

Las diferentes facciones que se encargan de redactar la Carta Magna se han enfrentado en diversas ocasiones. Las formaciones liberales y de izquierdas volvieron a abandonar la comisión el lunes tras acusar a los representantes del Partido Libertad y Justicia, de los Hermanos Musulmanes y que consiguió ser la formación más votada en los comicios, de no aceptar ningún punto propuesto por otros grupos.

Varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han criticado la aprobación del nuevo decreto, ya que convertiría a Egipto en un "estado militar". "Varios crímenes contemplados en el decreto son realmente derechos, como la libertad de expresión contra las autoridades o las leyes actuales, acudir a manifestaciones o hacer huelga", han señalado en un comunicado quince organizaciones no gubernamentales locales.

Estas organizaciones han criticado al consejo Supremo de las fuerzas Armadas, el Gobierno que dirige Egipto desde la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011, por su gestión de la seguridad. "En vez de reestructurar el Ministerio del Interior, el Consejo está dando al Ejército un papel mayor en los asuntos internos, un papel que debería limitarse para las cuestiones exteriores", han añadido.