El 'número dos' del Gobierno de Irlanda retira sus reservas a la reforma de la normativa del aborto

Coveney dijo en enero que apoyaba la derogación de la Octava Enmienda, que consagra con nivel constitucional la prohibición del aborto, pero expresó su rechazo a una ley de plazos de doce semanas. Sin embargo, este lunes Coveney ha asegurado en un artículo publicado en 'The Irish Independent' que apoyaría las doce semanas "si se aplican directrices médicas estrictas".

"Necesitamos una ley con los pies en la tierra que reconozca que miles de mujeres abortan cada año en su casa con medicamentos comprados en Internet o en el extranjero sin apoyo alguno", ha apuntado. "Si no hacemos nada, se seguirán comprando estas pastillas en Internet y consumiéndose sin asesoramiento médico ni supervisión. No podemos permitir que esto siga ocurriendo por los peligros que conlleva", ha argumentado.

Coveney justifica su cambio de opinión por la cantidad "abrumadora" de gente que le paraba en público o en el Parlamento para expresarle sus preocupaciones.

En respuesta, desde la campaña Salvemos la Octava, Niamh Uí Briain ha acusado a Coveney de cambiar de opinión y unirse a los "extremistas" para impulsar un régimen abortista más amplio que el de Reino Unido.

El Gobierno plantea una ley de plazos con interrupción libre hasta la semana doce y por riesgo físico o mental para la mujer o riesgo para el feto antes del parto o poco después del mismo. Sin embargo, primero se debe derogar en referéndum convocado para el 25 de mayo la Octava Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la vida del no nacido. Actualmente Irlanda tiene una de las leyes más restrictivas del mundo sobre el aborto debido a la influencia del catolicismo.

La encuesta publicada el domingo por 'The Sunday Business Post' registra un descenso del 60 al 56 por ciento entre los irlandeses que apoyan la derogación de la Octava Enmienda. El 26 rechazan su derogación y el 18 por ciento no sabe o no contesta. El 52 por ciento de la población apoya la ley de plazos que plantea el Gobierno y el 33 por ciento la rechaza.