El diálogo entre el Gobierno y la Policía se encalla, mientras la violencia se exacerba

Las dificultades para acometer las cinco demandas que reclama la Policía se intensifican con el paso de los días, a la par que los disturbios y la inseguridad.

Una marcha de esposas y policías de baja graduación ha concluido este sábado en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno, donde se celebraba una reunión entre representantes policiales y del Ejecutivo presidido por Evo Morales, viviéndose escenas de tensión.

En este contexto, la seguridad se ha convertido en uno de los asuntos de mayor preocupación para el Ejecutivo boliviano. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha insistido en que está "garantizada" después de que las autoridades implementaran un "plan de contingencia" que implica el despliegue del Ejército en las principales urbes del país.

EL PRINCIPAL OBSTÁCULO

Entre las demandas, una de las más enconadas es la derogación de Ley 101 de régimen disciplinario que penaliza la movilización de las fuerzas de seguridad --policías y militares--. Asimismo, exigen un aumento de los sueldos, la creación de un Defensor de la Policía y una pensión de jubilación equivalente al último sueldo cobrado, que incluye los extras por antigüedad.

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y la Asociación Nacional de Clases, Sargentos y Suboficiales (Anssclapol) han coincidido en señalar que la supresión de esta ley es el 'quid' del desbloqueo de las conversaciones, puesto que afecta, principalmente, a los agentes de menor rango, los que, precisamente, han iniciado las movilizaciones.

Estas instancias policiales se han enrocado aún más en esta postura después de que el comandante general de la Policía, el coronel Víctor Maldonado, haya advertido de que se abrirán procesos disciplinarios contra los uniformados de baja graduación amotinados.

CUESTIÓN ECONÓMICA

En cuanto a las divergencias en materia económica, el ministro de Gobierno ha declarado que la propuesta final es de un incremento salarial de 200 bolivianos, además del ocho por ciento decretado en mayo.

Esta oferta se encuentra aproxima a las pretensiones de la Policía, que demanda un aumento del salario mínimo de un 70 por ciento, para que puedan recibir 2.000 bolivianos (unos 228 euros).

En este sentido, el ministro de Economía boliviano, Luis Arce, considera que no es posible mejorar esta propuesta, según informan medios locales. Entretanto, Morales ha anunciado una iniciativa que obligaría a los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes a destinar el diez por ciento del impuesto de los hidrocarburos a equipar a cuerpos policiales.