El Gobierno de RCA y la mayoría de grupos armados firman un "acuerdo político para la paz"

Los firmantes, entre los que hay antiguos grupos de la coalición rebelde Séléka, principalmente musulmanes, y de 'anti-balaka', predominantemente cristianos, se han comprometido a un alto el fuego inmediato por parte de los "grupos político-militares" en todo el país "bajo control de la comunidad internacional".

Además, los firmantes se comprometen a respetar a las "autoridades legítimas emanadas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2016" y al reconocimiento de los "grupos político-militares como parte de la reconstrucción, una vez implicados en un proceso de transformación en partidos y movimientos políticos" que culminará en su registro como tales, según el documento del acuerdo publicado por la Comunidad de Sant'Egidio.

Igualmente, han prometido trabajar en aras de la reconciliación nacional junto con las instituciones y autoridades tradicionales y religiosas, así como la comunidad internacional, e instaurar una "comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación" que tendrá doce meses de mandato para hacer recomendaciones al presidente del país sobre reparación y perdón, reinserción de los grupos político-militares, liberación de combatientes detenidos y adopción de leyes de reconciliación.

Asimismo, Gobierno y grupos armados se han comprometido a garantizar "la libre circulación de las ONG nacionales e internacionales y a la protección de los trabajadores humanitarios". RCA se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los trabajadores humanitarios, con frecuentes ataques contra su labor.

El acuerdo firmado en Roma también contempla distintas medidas con vistas a la reinserción de los hombres armados, como la distribución de materiales agrícolas o cursos de formación técnica para quienes quieran volver a la vida civil e iniciar una actividad económica.

Los firmantes han acordado la creación de un comité de seguimiento de la hoja de ruta suscrita este lunes cuyos miembros se elegirán por consenso y con la participación de la Comunidad de Sant'Egidio. Al término del proceso de desmovilización y desarme, han asegurado, "ya no habrá grupos político-militares" en el país, cuya seguridad correrá a cargo de la Misión de la ONU (MINUSCA) y las fuerzas de seguridad.

La coordinadora humanitaria de la ONU en República Centroafricana (RCA), Najat Rochdi, advirtió a principios de junio de que la violencia en el país estaba alcanzando niveles que no se habían visto en el país desde agosto de 2014 e incidió en que cada vez más había "signos preocupantes de manipulación de la religión".

La violencia registrada en las dos últimas semanas de mayo dejó más de 100.000 nuevos desplazados, situando por encima de 500.000 el total, una cifra que no se alcanzaba desde 2014.