El Gobierno británico condena los disturbios de Tottenham

El Gobierno británico ha calificado de "absolutamente inaceptables" los violentos disturbios que han sacudido esta pasada noche en Tottenham (norte de Londres), donde la población se ha echado a la calle tras la muerte a tiros de Mark Duggan, de 29 años, en un altercado con la Policía el pasado jueves y que todavía se encuentra bajo investigación.

La cifra de heridos todavía no se ha concretado: según las fuerzas de seguridad hay ocho agentes hospitalizados, uno de ellos por una herida en la cabeza. El servicio médico de ambulancias de Londres cifra los hospitalizados en una decena, pero no precisa si se trata de civiles o agentes del orden.

Decenas de agentes participaron en una operación extraordinaria para acordonar el epicentro de los disturbios, Tottenham High Road, donde al menos trescientas personas prendieron fuego a edificios, papeleras y vehículos, en protesta por la muerte de Duggan, a quién 120 personas dedicaron una vigilia silenciosa con una marcha que terminó ante la comisaría de Policía de la ciudad, justo antes del inicio de los disturbios.

Según parece, Duggan, raza negra y padre de cuatro hijos, fue abordado por los agentes cuando viajaba en un taxi en el transcurso de una operación contra el tráfico de armas en la comunidad negra de la ciudad.

La secuencia concreta de eventos está todavía bajo investigación de la Comisión Independiente de Quejas de la Policía (IPCC), pero se cree que Duggan podría haber abierto fuego al menos contra un policía, que salió ileso porque la bala se quedó alojada en la pequeña radio que llevaba enganchada en el uniforme, según fuentes policiales a Sky News.

La ministra de Interior, Theresa May, ha condenado "absolutamente" la violencia. "Tal desprecio por la seguridad pública y la propiedad es intolerable", aseguró en sus primeros comentarios tras los disturbios.

También desde Downing Street se ha condenado la violencia en la ciudad británica. "No hay justificación alguna para agredir a la Policía o para dañar la propiedad pública", aseguró un miembro de la oficina del primer ministro, David Cameron, bajo el anonimato.