El Gobierno comienza a exhumar los cadáveres de las víctimas de la violencia postelectoral de 2010

El ministro de Justicia, Gnenema Coulibaly, ha estado presente en la primera exhumación, que se ha llevado a cabo este jueves en los terrenos de una mezquita de la ciudad de Abiyán, donde se encontraban los cadáveres de cuatro hombres de entre 17 y 35 años de edad.

En total, el Gobierno marfileño espera destapar 57 fosas comunes en todo el país, como un paso más hacia la reconciliación nacional, según ha informado la cadena británica BBC.

El conflicto en Costa de Marfil se desató tras los comicios de 2010, por la negativa del entonces presidente, Laurent Gbagbo, a reconocer la victoria electoral del entonces líder opositor, Alassane Ouattara.

Gbagbo está siendo procesado en el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la Humanidad a causa de las 3.000 personas que murieron en los cinco meses de enfrentamientos entre sus aliados y los de Ouattara.

La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha criticado que, aunque ya ha procesado a 150 combatientes de Gbagbo, el Gobierno no ha hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los aliados de Ouattara que participaron en la ola de violencia postelectoral.

"El presidente Ouattara ha expresado su apoyo a una justicia imparcial, pero sin medidas concretas para conseguir justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por las ahora fuerzas pro gubernamentales", ha dicho Param-Preet Singh, de HRW.

Así, Singh ha considerado que, "si Costa de Marfil piensa romper con su peligroso legado, en el que la gente cercana al Gobierno está más allá de los límites legales, debe perseguir a los responsables de los crímenes en ambos bandos".

A este respecto, ha advertido de que, "aunque los casos sobre crímenes internacionales pueden ser sensibles, la falta de justicia puede conllevar altos costes". "La impunidad crónica ha alimentado sucesivos episodios de violencia en Costa de Marfil durante la última década", ha recordado.

Además, ha instado al TPI a "investigar rápidamente los crímenes cometidos por los partidarios de Ouattara y, si corresponde, emitir órdenes de arresto en su contra". "Es esencial para restaurar la legitimidad del TPI y para presionar a las autoridades marfileñas a conseguir resultados imparciales", ha indicado.

En respuesta a estas acusaciones, el fiscal militar Ange Kessi Kouame ha asegurado que la justicia marfileña es imparcial. "Si cometes un crimen, te perseguiré sin tener en cuenta si eres de uno u otro bando", ha sostenido.

OTRAS RECOMENDACIONES

HRW ha instado a las comisiones especiales creadas por Ouattara para investigar los abusos cometidos en esos cinco meses a "hacer un ejercicio de mapeo" para determinar los casos y buscar a sus víctimas y responsables, así como a difundir esta información para generar confianza en la opinión pública.

También ha considerado que las autoridades marfileñas deberían reformar la legislación procesal para garantizar los derechos fundamentales de los implicados, ya que algunos de los detenidos por la violencia postelectoral todavía siguen encarcelados sin que se haya celebrado un juicio en su contra.

A nivel internacional, ha urgido a los socios de Costa de Marfil y a los miembros del TPI, especialmente a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, a "trabajar con el Gobierno de Ouattara para darle la ayuda necesaria y usar su influencia diplomática para subrayar que la impunidad no es una opción".

La ONG estadounidense ha indicado que "los socios internacionales de Costa de Marfil deberían aprender de los errores cometidos durante el conflicto armado de 2002-2003". "A su término, permanecieron en silencio mientras la justicia era marginada y la impunidad echaba raíces", ha recordado.