El Gobierno mexicano, condenado por 'feminicidios' en Ciudad Juárez

Esta decisión histórica no puede ser recurrida y determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones oportunas sobre los asesinatos cometidos en noviembre de 2001, en lo que se ha venido a denominar caso 'Campo Algodonero'.

Este juicio comenzó el pasado 27 de abril ante la presunta impunidad y falta de investigación ante los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en Ciudad Juárez. En el Campo Algodonero se encontraron ocho cadáveres, pero sólo tres de ellos pudieron ser identificados.

Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos presentaban evidentes signos de haber sido violadas y torturadas.

El propio Ginés, se estremeció al escuchar a Irma Monreal, la madre de una de las víctimas, "describió la desaparición, la falta de una investigación en condiciones, el tiempo que tardaron en recuperar sus restos...", nos comentaba.

Y es que el problema se presenta tanto a nivel jurídico como a nivel policial. "Han modificado sus sistemas legales, pero no es suficiente, se siguen produciendo desapariciones de mujeres", apuntaba Ginés.

Además, una vez que los agentes comienzan a actuar ante una desaparición "lo que suele tardar unas 72 horas, esta no se lleva en condiciones y los asesinos de estos crímenes siguen quedando impunes", matizaba Ginés.

Escepticismo en Ciudad Juárez

Sin duda la condena conseguida este jueves marca un precedente, pero no es suficiente ya que más de 500 mujeres han sido asesinadas desde 1993. En ese año fue encontrada la primera víctima, una niña llamada Alma Chavira Farel.

A esto hay que añadir que las desapariciones no dejan de sucederse, quizá por esa razón las mujeres de Ciudad Juárez "muestran una gran desesperanza porque no creen que la situación se vaya a solucionar", declaraba Ginés.

Un mismo patrón

Todas las secuestradas y asesinadas en Ciudad Juárez tienen en común una serie de características. Se trata de mujeres jóvenes (con edades comprendidas entre los 10 y los 35 años), trabajadoras y con una débil posición económica, lo que hace que sus familias apenas tengan capacidad para reclamar justicia.

Lejos de esto, los familiares que deciden denunciar sufren amenazas, hostigamiento y persecución.

Pero no se rinden. Cuentan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como 'Casa Amiga', 'Nuestras Hijas de Regreso a Casa' o 'Justicia para nuestras hijas', entre otras. Desde ellas denuncian y tratar de prevenir más casos de feminicidio en esta localidad.