El Gobierno denuncia "un golpe continuado" para derrocar al 'chavismo'

El Gobierno venezolano ha denunciado este miércoles la existencia de "un golpe continuado" para derrocar al 'chavismo' que habría empezado a fraguarse hace un año con el "estallido social" promovido por "factores tanto nacionales como internacionales".

Coincidiendo con el primer aniversario de las revueltas opositoras de 2014, el Palacio de Miraflores ha puesto en circulación un documento en el que da cuenta de "la actuación de la derecha venezolana y de factores extranjeros para derrocar al Gobierno democráticamente constituido en el país".

"Las violentas agresiones contra Venezuela provienen de los sectores de la ultraderecha extrema y violenta que han tenido como objetivo amenazar la estabilidad del sistema democrático, tratando de imponer su agenda por encima de la voluntad popular que se ha ratificado sucesivamente en las distintas elecciones de los últimos 15 años", ha sostenido.

Esta "nueva arremetida contra la democracia venezolana" habría comenzado el 23 de enero de 2014 con "La Salida", el plan del sector radical de la oposición, liderado por Leopoldo López, que aboga por acelerar la caída del Gobierno de Maduro, aunque por vías constitucionales.

"Hicieron un llamado a manifestaciones supuestamente pacíficas. Sin embargo, la acción orquestada por estos factores, pronto devino en una ola de violencia desmedida en algunos estados y municipios del país, controlados por autoridades locales contrarias al Gobierno revolucionario", ha recordado.

Para el Ejecutivo "este llamado condujo a las acciones violentas y vandálicas que comenzaron el 12 de febrero de 2014", con "el trágico saldo 43 muertes, cientos de lesionados y daños incalculables al patrimonio público".

Miraflores ha denunciado que "los acontecimientos violentos propiciados por estos sectores de la oposición, fueron tergiversados por los medios de comunicación nacionales e internacionales haciéndolos ver como manifestaciones pacíficas que fueron objeto de represión".

"GUERRA ECONÓMICA"

Ante "el fracaso de la violencia creada en las calles, la burguesía desató la guerra económica contra el pueblo venezolano, buscando con ello crear un clima de insatisfacción en los sectores populares que produjera un estallido social".

"Por la vía del acaparamiento, la especulación y el contrabando se quiso privar al pueblo venezolano de los principales productos para la alimentación y la higiene, pero esta acción, aún en desarrollo, ha sido desmontada por el Gobierno", ha indicado.

PLANES TERRORISTAS

El Gobierno ha advertido de que la amenaza sigue activa, recordando que en las últimas semanas ha logrado "desactivar" un supuesto plan para que "oficiales de aviación" bombardearan las principales instituciones venezolanas.

"El plan golpista estuvo orquestado por sectores de la ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una serie de prebendas a los oficiales de avión que participarían en la acción", ha sostenido. Además, "todo esto contó con el apoyo de Estados Unidos".

Miraflores ha destacado que "dicho plan golpista" contemplaba "eliminar físicamente" a López, "y con ello generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del Gobierno", así como a varios altos cargos, entre ellos Maduro.

"Es necesario informar de que el desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta la fecha la privación de libertad de diez oficiales, mientras que se encuentran en fuga --fuera del país-- otros tres militares", ha detallado.

INJERENCIA DE EEUU

El 'chavismo' ha hecho hincapié en la participación de Estados Unidos en los acontecimientos del último año. "Se ha dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados con miras a crear una matriz internacional para justificar un golpe de Estado, la intervención extranjera y una transición pacífica a la democracia", ha denunciado.

La última acción del Gobierno de Barack Obama habría sido la aprobación de la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que le ha permitido sancionar a varios funcionarios venezolanos.

"Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno de Estados Unidos manifestó ante el Congreso que, a través de las sanciones establecidas en esta ley, se favorecerían las pretensiones de la oposición política venezolana", ha apuntado.

Así, ha sostenido que "tiene como objetivo coaccionar al Gobierno de Venezuela, a través del 'ataque selectivo' a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos señalados sumaria y secretamente por el Departamento de Estado para aplicar sanciones confiscatorias y violatorias de los derechos fundamentales reconocidos en el mundo civilizado".