El Gobierno celebra el reglamento de la justicia transicional mientras las FARC expresan preocupación

Tras una jornada maratoniana, que duró doce horas, los diputados avalaban con 84 votos los 163 artículos del reglamento de la JEP. Con ello concluye el trámite independiente en cada cámara, si bien ahora deberán conciliarse los textos elaborados por diputados y senadores y finalmente la Corte Constitucional tendrá que avalar el documento consensuado.

La principal diferencia entre el reglamento aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes es la participación política de las FARC. El primero establece que los jueces de la JEP deberán determinar caso por caso la posible inhabilitación de los ex combatientes. El segundo matiza este condicionante y señala que la JEP solo deberá "certificar" que quienes deseen ejercer cargos públicos han cumplido con la justicia transicional.

Sin embargo, la Cámara de Representantes mantiene ciertos condicionantes que no estaban recogidos en el acuerdo de paz. Así, los diputados han establecido que quienes deban entrar en prisión no podrán participar en política y que, en el caso de recibir penas restrictivas, serán los jueces de la JEP quienes decidan si los ex guerrilleros quedan o no inhabilitados.

La Cámara de Representantes corrige la versión del Senado y señala que el único foro que quedará al margen de la JEP será el del presidente. Esto supone que la JEP, tal y como fue concebida, se aplicará a todos los actores del conflicto armado: ex guerrilleros, agentes del Estado y terceros colaboradores. Los senadores habían configurado como optativa la JEP para estos últimos, de modo que podían decidir si someterse o no a ella.

Además, el reglamento de la Cámara de Representante dice expresamente que los delitos sexuales cometidos por ex guerrilleros contra menores de edad se juzgarán por la justicia ordinaria. "Una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado", ha esgrimido Efraín Torres, ponente del proyecto de ley.

"UN BUEN TEXTO"

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha celebrado la aprobación del reglamento de la JEP en la cámara baja como un paso más hacia para consolidar la paz. "La justicia transicional garantiza los derechos de las victimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos", ha defendido en Twitter.

Por su parte, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, ha entrado a valorar el contenido del reglamento en una entrevista concedida a Caracol Radio y ha considerado que se trata de "un buen texto".

En cambio, el asesor jurídico de las FARC Enrique Santiago ha expresado a la emisora colombiana su preocupación por que la JEP "quede condicionada por el funcionamiento de la justicia ordinaria, que no sea una jurisdicción de cierre".

El abogado español ha manifestado en concreto su malestar por la exclusión de los delitos sexuales contra menores. En su opinión es una acción "demagógica" porque ya había quedado fuera de la JEP en el acuerdo de paz. Asimismo, ha señalado que actualmente no hay acusaciones de ese tipo contra las FARC en la Fiscalía. "Esto es legislar a golpe de titular", ha lamentado.

JUSTICIA TRANSICIONAL

La justicia transicional, junto a la participación política, son el corazón del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016 para acabar con una guerra de más de medio siglo, pero también los principales objetos de crítica del 'uribismo' y sus aliados.

El acuerdo de paz otorga "las más amplias amnistías" a los actores del conflicto armado, por lo que la JEP solo se aplicará a los responsables de los crímenes más graves, es decir, aquellos que --conforme al Derecho Internacional-- no pueden ser perdonados, como el genocidio y los crímenes de guerra y lesa humanidad.

La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados --tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores-- obtener penas más ventajosas en función de la verdad que aporten y que van desde los entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad hasta los 20 años de cárcel.