El Gobierno venezolano lanzará un plan contra la especulación en los productos navideños

El superintendente venezolano de Precios Justos, Andrés Méndez, anunció el lunes que en el Plan de Navidades Felices y Seguras participarán 27.000 inspectores y 516 "círculos de lucha popular contra la guerra económica".

Los inspectores se encargarán de supervisar que en cada comercio privado se cumpla la Ley de Precios Justos, de la que forma parte este plan especial, según ha informado la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

"Vamos a la calle a formar parte de un nivel superior de lucha contra la especulación y el acaparamiento. No habrá en ninguna región del país un espacio donde no esté un inspector incorporado a esta lucha", dijo.

"Los comerciantes especuladores se están frotando las manos porque saben que el pueblo trabajador va a recibir sus aguinaldos, pero no vamos a dejar que arremetan contra ellos. Vamos a defender el salario del pueblo", sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, instó a los nuevos inspectores a garantizar el suministro de productos básicos a un precio justo durante las fiestas navideñas, indicando que el Gobierno ya ha liberado las divisas necesarias para que así sea.

"Es muy importante hacer seguimiento, que nada se vaya por el contrabando, que nada de eso vaya al sobreprecio especulador, garantizar a nuestros compatriotas que lo reciban", destacó el 'número dos' del Palacio de Miraflores.

Arreaza urgió a "enfrentar a las mafias contrabandistas" pata lograr "una nueva victoria en la guerra económica". "El presidente, Nicolás Maduro, tiene cifrado en todos ustedes su confianza. Que el pueblo cuide al pueblo", subrayó.

CRISIS DE ABASTECIMIENTO

Desde hace un año, Venezuela sufre una grave crisis de abastecimiento de productos básicos que el Gobierno de Maduro ha achacado a la supuesta "guerra económica" lanzada por sectores opositores, en concreto, al uso fraudulento de las divisas.

La oposición, en cambio, ha denunciado que la falta de productos básicos se debe a la mala gestión económica del oficialismo y a la corrupción en la administración pública.

Como medida de choque, el pasado mes de agosto Maduro ordenó la instalación de lectores de huellas dactilares en las tiendas de alimentos de todo el país para racionar los productos que compra la población.

El objetivo es evitar que una misma persona compre grandes cantidades de alimentos para posteriormente revenderlos en el mercado negro o introducirlos de contrabando en Colombia, donde un kilo de harina puede venderse seis veces más caro.