HRW aplaude el anuncio de Etiopía sobre la liberación de presos políticos pero pide más reformas en el país

Las autoridades del país africano han anunciado además durante la jornada el cierre de un conocido centro de detención presuntamente empleado para torturar con el fin de extraer confesiones.

En respuesta, HRW ha indicado que, si bien las autoridades no han desvelado cuándo tendrán lugar las liberaciones, se trata de "un importante paso adelante de cara a poner fin a la duradera represión política y los abusos de los Derechos Humanos en el país".

Asimismo, ha recalcado que existen dudas en cuanto a la 'hoja de ruta' para las liberaciones, sobre quiénes serán considerados 'presos políticos' y por ello liberados, o cuál será la cifra total de excarcelados.

"¿Las liberaciones incluirán sólo a figuras conocidas como Bekele Gerba, el político oromo detenido desde diciembre de 2015? ¿O serán liberados los miles de detenidos en campamentos militares y comisarías, a menudo sin cargos, por manifestarse pacíficamente contra las políticas gubernamentales?", se ha preguntado Felix Horne, investigador de HRW para el Cuerno de África.

Horne se ha preguntado además si este anuncio "es la señal de una nueva postura hacia las posturas críticas" y "si la gente podrá protestar pacíficamente sin miedo al arresto, la intimidación o la imputación por motivaciones políticas".

Respecto al cierra del centro de Maekelawi, ha recordado que HRW ha documentado casos de torturas y malos tratos en todo el país, alertando de que "no significará nada si los presos son simplemente reubicados en otra instalación para sufrir los mismos abusos".

"El Gobierno debe enviar un mensaje a los oficiales de seguridad a nivel nacional de que la tortura y otros malos tratos está prohibida y que serán castigados. Puede empezar haciendo rendir cuentas a los responsables de torturas en Maekelawi", ha resaltado.

Horne ha recordado además que "durante los últimos dos años, las fuerzas de seguridad han matado a decenas de miles de personas y han matado a más de mil manifestantes", pidiendo al Gobierno que adopte otras reformas a nivel de Derechos Humanos.

Entre ellas ha destacado la autorización de la celebración de manifestaciones pacíficas y la reforma de leyes utilizadas en la represión de las protestas, así como el fin de los cortes de emisión de radio, televisión e Internet.

"Estas reformas indicarían una voluntad de la coalición gobernante de escuchar los llamamientos de sus ciudadanos para poner fin a la represión y embarcarse en un camino que ofrece un mayor respeto por los Derechos Humanos", ha remachado Horne.

EL ANUNCIO

El primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, anunció el miércoles que "los políticos actualmente procesados y los que fueron condenados previamente verán sus casos anulados o bien serán indultados", explicando que la liberación de todos los presos políticos busca "fomentar la reconciliación nacional".

El anuncio del primer ministro, según la cadena de televisión británica BBC, incluye el cierre de Maekelawi, epicentro de las acusaciones de tortura contra las autoridades por parte de los grupos de defensa de los Derechos Humanos y que hasta ahora han sido desmentidas por el Gobierno.

Según el diario etíope 'Addis Standard', la prisión se convertirá en un "museo moderno". Además, Desalegn ha indicado que se abrirá un nuevo centro de detención que cumplirá con los estándares internacionales.

Por el momento no está claro qué es lo que ha motivado la decisión, que se ha producido tras días de consultas en las filas de la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). De hecho, el anuncio se ha realizado en presencia de los líderes de los cuatro partidos que lo integran, según la prensa local.

El 'Addis Standard' apunta a que el gesto podría estar relacionado con los dos días de acción en las redes sociales que se llevaron a cabo a finales de diciembre, lo que contribuyó a aumentar la sensibilización de la población sobre el sufrimiento de los presos políticos.

PERSISTENTE INESTABILIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El país del Cuerno de África vive desde hace casi tres años una ola de violencia que comenzó con las protestas en la provincia de Oromiya por las denuncias de incautaciones de tierras.

Desde entonces, varios políticos disidentes han sido encarcelados tras ser acusados de terrorismo y colusión con el grupo secesionista Frente de Liberación Oromo (OLF), al que el Gobierno calificó de grupo terrorista.

Casi 700 personas murieron durante los meses de protestas registrados en 2015 y 2016, según una investigación ordenada por el Parlamento.

A continuación, las protestas por los derechos de las tierras degeneraron en manifestaciones por las restricciones políticas y los supuestos abusos a los Derechos Humanos, incluido el encarcelamiento de Merera Gudina y Bekele Gerba, líderes del grupo opositor Congreso Federalista Oromo.

En los últimos meses, también se han producido enfrentamientos étnicos entre oromo y somalíes en la región de Oromiya que han dejado decenas de muertos.

El anuncio del primer ministro se produce al término de las conversaciones en el seno de la coalición gobernante de las últimas semanas con vistas a elaborar políticas para abordar el malestar de la población. De hecho, la inestabilidad ha generado una creciente fricción entre los miembros del FDRPE y dos altos cargos presentaron su renuncia.

Además, Etiopía es acusada a menudo de usar los temores en materia de seguridad como excusa para ahogar la disidencia y la libertad de prensa. Su Parlamento, de 547 escaños, no cuenta con ningún representante de la oposición y los grupos opositores acusan al Gobierno de acoso constante e intimidación, si bien el Gobierno niega restricciones políticas.