HRW exige al líder kirguís que libere a un activista preso y que garantice el cumplimiento de los DDHH

Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la Unión Europea (UE) que aproveche la visita del presidente de Kirguistán a Bruselas este martes para pedirle la liberación de uno de los activistas presos en el país, así como la garantía de los Derechos Humanos, según un informe publicado por el organismo este lunes.

Tanto HRW como la fundación internacional para la protección de los defensores de los Derechos Humanos, Front Line, han pedido de forma conjunta que la UE ejerza presión para que el presidente kirguís, Almazbek Atambaev, que viajará este martes a Bruselas, libere de forma "inmediata" a Azimjon Askarov, un activista condenado a cadena perpetua "injustamente".

Askarov, cuyo trabajo se centra en la investigación de malos tratos y torturas por parte de la Policía, fue acusado de estar involucrado en la ola de violencia étnica que tuvo lugar en el sur del país en junio de 2010. Durante el juicio, el acusado, de 62 años, denunció haber sido torturado cuando estaba bajo custodia policial, sin embargo, las autoridades se han negado en repetidas ocasiones a investigarlo.

"El caso de Askarov es, probablemente, la ilustración más clara de las graves injusticias que vinieron tras los incidentes violentos en el sur de Kirguistán de hace tres años", ha asegurado la investigadora de Asia Central para HRW, Mihra Rittmann. Tanto HRW como el enviado especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, han denunciado también los casos de tortura de los que había informado Askarov.

Sólo unos pocos casos posteriores a los incidentes están en los tribunales, aunque en un ambiente muy hostil y con ataques violentos continuados contra los abogados. Esto, junto a la impunidad de los responsables han empañado los juicios relacionados con la violencia de 2010. "La tortura y los ataques violentos dejan clara la debilidad del poder judicial en Kirguistán", ha asegurado Rittmann.

LEGISLACIÓN CONTRA ONG

Asimismo, ambos grupos han pedido que Bruselas exija a Kirguistán la garantía de los Derechos Humanos, así como que manifieste su rechazo a un proyecto de ley, publicado el pasado 6 de septiembre por dos miembros del Parlamento, que limitaría el trabajo de los organismos no gubernamentales en el país.

Este proyecto de ley, similar a la Ley de Agentes Extranjeros rusa, requeriría que las ONG con financiación externa y relacionadas con "actividades políticas" se registraran como "agentes extranjeros".

"El presidente Atambaev debe escuchar, alto y claro, que una Ley de Agentes Extranjeros no tiene lugar en Kirguistán", ha asegurado el director de Front Line, Mary Lawlor. "Una sociedad civil activa es un componente esencial de cualquier democracia que funcione", ha añadido.

Esta no es la primera ley que se publica en este sentido, ya que en enero, la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal introdujo una serie de controles financieros excesivos sobre las ONG. "Los líderes de la UE deben instar al presidente Atambaev a que se declare contrario a cualquier iniciativa legislativa discriminatoria que socave la libertad de asociación en Kirguistán", ha asegurado Lawlor.

Kirguistán es el único país de Asia Central que ha dado paso a una democracia parlamentaria, y que ha tenido una transferencia pacífica del poder presidencial. A pesar de que el país dio algunos pasos positivos después de los incidentes de 2010, las autoridades han seguido violando derechos fundamentales desde entonces, según la organización.

HRW y Front Line han aprovechado este informe para denunciar también la discriminación y la violencia a la que se enfrentan los miembros del colectivo LGTB --lesbianas, gays, transexuales y bisexuales--, víctimas habituales de extorsión y violencia sexual a manos de la Policía.

REUNIÓN EN BRUSELAS

El presidente se reunirá este martes con altos cargos de la UE, entre los que se encuentran la vicepresidenta y alta representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Catherine Ashton, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el de la Comisión Europea, José Manuel Barroso y el del Consejo, Herman van Rompuy.

Los dos grupos han pedido que se tomen en consideración todas estas violaciones de Derechos Humanos, y han instado a la UE a que aprovechen esta reunión para exigir a Atambaev un cambio de dirección en la aplicación de la ley, garantizando las libertades y los derechos de sus ciudadanos y organismos.