HRW afirma que más de 140 países han aprobado desde el 11-S leyes antiterroristas que ignoran "derechos básicos"

La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha informado este viernes de que, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, más de 140 países han aprobado leyes antiterroristas que con frecuencia, adolecen de un "escaso respeto al debido proceso y a otros derechos básicos".

HRW ha hecho público este viernes su informe 'En nombre de la seguridad: leyes contra el terrorismo en todo el mundo desde el 11 de Septiembre', en el que se advierte de que, pese a que el terrorismo ha causado "miles de muertos y heridos", no se pueden justificar "leyes antiterroristas que violan los derechos básicos de los sospechosos y que se utilizan con propósitos políticos".

"Las acciones terroristas suponen un desprecio de los Derechos Humanos, pero las leyes excesivamente amplias que ignoran los derechos básicos solo contribuyen a complicar el daño causado", declaró la investigadora sobre terrorismo y antiterrorismo de Human Rights Watch, Letta Tayler.

"En su conjunto, las leyes antiterroristas promulgadas en todo el mundo suponen una peligrosa ampliación del poder para detener y perseguir a personas, incluidos los opositores políticos pacíficos", advirtió Tayler.

"Todos los Gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a su población de los ataques", pero "muchos de ellos han utilizado las nuevas medidas para perseguir a periodistas, manifestantes, opositores políticos y grupos religiosos o étnicos bajo la forma de antiterrorismo", advirtió Human Rights Watch.

Concretamente, el informe de Human Rights Watch indica que 144 países han promulgado o revisado una o más leyes antiterroristas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. HRW ha analizado 130 de esas leyes y ha comprobado que todas ellas contienen al menos alguna disposición "que deja la puerta abierta a los abusos".

Los elementos que más preocupan a la organización son las definiciones vagas y excesivamente amplias de terriorismo --como las que se refieren a la "interrupción del orden público-- y los amplios poderes que se conceden a las autoridades para perseguir y detener sin orden judicial, utilizar pruebas secretas o garantizar la impunidad para los agentes de Policía que cometan abusos en el cumplimiento de la ley.

EJEMPLOS

Al respecto, HRW cita el ejemplo de Turquía, donde dos estudiantes fueron condenados a ocho años y cinco meses de cárcel en 2012 por el delito de pertenencia a grupo armado únicamente por desplegar una pancarta en defensa de la "educación gratuita". "Los tribunales turcos han condenado a cientos de manifestantes no violentos en aplicación de las leyes antiterroristas del país", aseguró.

Asimismo, un tribunal de Bahréin condenó en 2011 a 21 líderes opositores por cargos de "terrorismo", más concretamente por denunciar las violaciones de Derechos Humanos bajo el régimen monárquico imperante y participar en manifestaciones en favor de la democracia. Ocho de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y el resto a quince años de cárcel.

Once periodistas han sido condenados en Etiopía por el cargo de "apoyo moral al terrorismo" entre 2011 y 2012 a causa de sus artículos críticos con el Gobierno. Asimismo, dos periodistas suecos han sido condenados a once años por "dar apoyo al terrorismo" después de haber entrado ilegalmente en Etiopía para informar sobre abusos en la convulsa región de Ogadén.

Muchas de las nuevas leyes antiterroristas autorizan periodos prolongados de detención sin cargos, según Human Rights Watch. En Estados Unidos, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional codifica la detención indefinida sin cargos de los 169 prisioneros que permanecen todavía en el conocido centro de detención de Guantánamo, así como de los sospechosos de terrorismo que puedan ser detenidos en el futuro. Estados Unidos no disponía legalmente de un régimen similar de detenciones desde las leyes anticomunistas de la época del senador Joseph McCarthy, en los años cincuenta, según HRW.

Algunos países, como Noruega, se han negado a promulgar leyes antiterroristas que puedan violar derechos básicos, mientras que otros, como Canadá y Reino Unido, han enmendado algunas recientes leyes antiterroristas a fin de mitigar --o incluso eliminar-- las disposiciones más problemáticas, según el informe.