HRW insta a las autoridades de Zimbabue a proteger los derechos de los detenidos tras el golpe de Estado

"El Ejército debe actuar con transparencia a la hora de realizar cualquier arresto en el país y debe poner a disposición de las pertinentes autoridades civiles a aquellos sospechosos de haber cometido algún delito", ha aseverado el director de HRW en el sur de África, Dewa Mavhinga.

"No explicar el motivo de los arrestos o el lugar en el que se encuentran los detenidos los coloca en un grave peligro de sufrir abusos", ha afirmado.

Asimismo, la organización ha insistido en que las Fuerzas Armadas deben asegurar que los detenidos son juzgados de forma justa sin que se vulneren sus derechos, lo que incluye el acceso a abogados y familiares.

En el marco de los movimientos llevados a cabo por el Ejército para hacerse con el control del país, el general Sibusiso Moyo indicó que las fuerzas de Zimbabue se encargarían de arrestar a los "criminales del entorno de Mugabe".

Varios medios de comunicación han informado de que el Ejército detuvo a un grupo de personas asociadas a Mugabe y han confirmado que continúan bajo custodia policial. No obstante, las Fuerzas Armadas no han ofrecido ningún detalle sobre el lugar de las detenciones, las condiciones en que se encuentran los arrestados ni los motivos que llevaron a sus respectivas detenciones.

Familiares del ministro de Finanzas, Ignatious Chombo, han explicado a HRW que el Ejército lo detuvo después de los sucesos registrados el 15 de noviembre en el país. Chombo es uno de los principales miembros de la facción del gubernamental ZANU-PF conocida como G40, encabezada por Grace Mugabe, la esposa del presidente.

Por otra parte, el diario 'Sunday Mail' publicó que el ministro de Educación, Jonathan Moyo, también se encontraba bajo custodia policial.

La Constitución de Zimbabue recoge los derechos de los detenidos y garantiza que no sean sometidos a abusos o torturas. Además, Zimbabue forma parte de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"El final de los 37 años de abusos del Gobierno de Mugabe debe acabar aquí", ha aseverado Mavhinga, que ha destacado la importancia de "respetar las leyes y el procedimiento judicial".