HRW denuncia que Kuwait está retirándole la ciudadanía a los críticos con el régimen

Un total de 18 kuwaitíes van a perder su ciudadanía. El Gobierno, que lo anunció el pasado 29 de septiembre, ha tratado de justificarlo explicando que ha sido una decisión meditada por el Consejo de Ministros. En lo que va de año, 33 personas han perdido su condición de ciudadanos kuwaitíes y al menos tres de ellas lo han hecho por motivos políticos.

HRW ha exigido al Gobierno del país que pare inmediatamente las revocaciones de ciudadanía solo por hacer uso de la libertad de expresión o de "cualquier otro derecho legítimo". También ha pedido que Kuwait les devuelva la ciudadanía a aquellos a los que se la ha quitado y ha criticado duramente que el Gobierno no tenga planeado cambiar la ley que permite revocar la ciudadanía.

"Las autoridades kuwaitíes se creen que pueden usar la Ley de Nacionalidad para cubrirse de las críticas y para impedir las opiniones en contra", ha explicado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Nadim Houry. "El mensaje intimidatorio por parte de la autoridad kuwaití se ha oído alto y claro", ha añadido.

HRW considera que estas medidas están totalmente en contra de los Derechos Humanos. No solo por la agresión a la libertad de expresión que esto puede suponer, sino por la incapacidad de los afectados para reclamar un juicio justo. Además, Kuwait estaría incumpliendo una norma fundamental recogida en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice claramente que "a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad".

La Ley de Nacionalidad de este país establece que las autoridades pueden retirarle la ciudadanía kuwaití a las personas que incumplan ciertas normas. Por ejemplo, si se considera que una persona "se entromete en los asuntos más altos del Estado", ésta se expone a perder su nacionalidad. De la misma manera lo hará quien sea condenado por "promover principios que debiliten el sistema económico o social del país". Las sentencias de revocación de la ciudadanía no están sujetas a ningún proceso de apelación administrativo o judicial, es decir, una vez retirada la nacionalidad, uno no puede quejarse ni tratar de interponer un recurso.