HRW denuncia la fuerte restricción de la libertad de expresión y asociación de las leyes bahreiníes

En el informe de HRW, de 87 páginas, se examina la restricción de la libertad de asociación, consecuencia de muchas de las nuevas leyes que dan al Gobierno bahreiní la potestad de rechazar arbitrariamente la creación de nuevas organizaciones o de modificar las juntas de las ya existentes si en ellas se encuentran líderes opositores al Gobierno.

HRW considera a través de su informe que Estados Unidos y la UE deberían presionar al Gobierno de Bahréin para que libere a todos los detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, entre los que se encuentran tres activistas con doble nacionalidad de alguno de los países de la UE.

"Bahréin afirma estar en el camino hacia la reforma política, pero lo está haciendo en dirección contraria", ha explicado el director adjunto de HRW para Oriente Medio, Joe Stork.

HRW ha instado a Bahréin a promover una reforma para que la Ley de Organizaciones e Instituciones civiles se adapte a los estándares internacionales. "La alta representante de la UE, Catherine Ashton, y otros ministros europeos se reunirán con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo el próximo 30 de junio", ha informado Stork. "Deben exigir antes de la cumbre la liberación de los presos políticos, incluida la de los tres ciudadanos con doble nacionalidad europea", ha añadido.

LEGISLACIÓN BAHREINÍ

La última Ley de Organizaciones e Instituciones civiles fue aprobada en agosto del pasado 2012 y enviada al Parlamento sin consulta en enero de 2013. Con una mayor restricción de las libertades que las anteriores normas, ésta permite a las autoridades a denegar la petición de registro de alguna organización si estiman que la sociedad "no necesita ese organismo" o que "ya ve satisfecha esa necesidad en otro organismo ya creado", asegura HRW.

En el informe se hace hincapié en el uso por parte del Gobierno de la Ley de Asociación de 1989, todavía en vigor, para rechazar arbitrariamente e incluso interferir en algunos organismos no guibernamentales. Antes de la crisis de 2011, las autoridades ya la habían aplicado para disvoler organizaciones cuyos líderes eran críticos con el Gobierno o con sus políticas.

MANIFESTACIONES DEMOCRÁTICAS

A raíz de las manifestaciones prodemocráticas de febrero y marzo de 2011, la represión por parte del Gobierno bahreiní contra las organizaciones independientes ha aumentado. Al menos trece líderes de las protestas, algunos de ellos también dirigentes de grupos opositores, están en prisión tras haberse enfrentado a juicios injustos. Siete de los detenidos se enfrentan a cadena perpetua.

Durante el mes de mayo la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la Ley de Reuniones Públicas para prohibir todo tipo de manifestaciones cerca de "hospitales, aeropuertos, embajadas, consulados, zonas residenciales o en cualquier zona sujeta a seguridad", y añadió un artículo para exigir una fianza a los organizadores de las protestas de 20.000 dinares (40.000 euros).

Gracias a esta ley, las autoridades tendrían más facilidad de denegar permisos de manifestaciones. Todavía falta la aprobación por parte del Consejo de la Shura y la firma del rey para que se convierta en ley.

DERECHO INTERNACIONAL

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bahréin, establece que la libertad de asociación y participación en asuntos públicos sólo pueden estar sujetas a pequeñas restricciones "necesarias en una sociedad democrática". Sin embargo, las restricciones en las leyes de Bahréin exceden claramente lo que la ley internacional permite.

"El Gobierno afirma que estos grupos han violado las leyes bahreinís, pero es el Gobierno el que está violando sus obligaciones internacionales con leyes injustas y políticas de represión", ha añadido Stork.