Human Rights Watch acusa a Marruecos de torturar a los detenidos en El Aaiún

Según un informe hecho público este viernes por la ONG, las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en el campamento saharaui al amanecer del 8 de noviembre, propiciando el enfrentamiento entre los moradores del campamento y los agentes policiales. Según HRW, once militares marroquíes y, al menos dos civiles, fallecieron en dicho asalto. Con posterioridad, varios edificios y propiedades de El Aaiún resultaron dañados en los disturbios de protesta.

"Las fuerzas de seguridad tienen derecho a utilizar la fuerza justa para prevenir la violencia y proteger a las personas, pero nada justifica la tortura de detenidos", ha explicado Sarah Leah Whitson, la responsable de la ONG para el norte de África.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno que pregunte a Marruecos si ha abierto una investigación sobre la , antes de informar sobre si este tribunal es competente o no para instruir las dos querellas presentadas. muerte del español muerto en El Aaiún, Baby Hamday Buyema

Así consta en el escrito remitido este viernes por el fiscal al juez, en el que considera procedente que, antes de resolver sobre la admisión de las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del fallecido contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, curse una comisión rogatoria a Marruecos para comprobar si se ha abierto una investigación.

El representante del Ministerio Público, Pedro Martínez, considera los hechos ocurridos tras el desalojo de un campamento saharaui en la capital administrativa del Sáhara Occidental constitutivos de un delito de lesa humanidad, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro".

Argumenta el fiscal esta posición en que las circunstancias descritas en las querellas, "unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar en este momento y sin perjuicio de una ulterior información más completa" que los hechos podrían incurrir en el citado delito.

Según explica, "la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para considerarlo grupo nacional o étnico a los efectos indicados".

Además, sostiene que la operación policial "al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir" el asentamiento saharaui, "sin que se aprecien otras motivaciones diferentes", por ello, entiende el fiscal que la muerte de Hamday apunta a la posible comisión de un delito de lesa humanidad "en esta fase de investigación".

En cuanto a la competencia o no para investigar estos hechos, el fiscal recuerda que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente ha sido modificado, limita la actuación de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Así, señala que Baby Hamday, "única víctima identificada hasta el momento", ostentaba la nacionalidad española, y no descarta la existencia de otras víctimas también españolas ante "la falta de información sobre el número y la identidad" de los afectados, por lo que considera que "concurre el elemento de conexión que habilitaría el ejercicio de la jurisdicción por nuestros tribunales".

También subraya el escrito que los lazos de España con la comunidad saharaui son "evidentes", y destaca "la condición de territorio colonial en el pasado del Sáhara occidental, lo que determinó la creación de vínculos lingüísticos, culturales, etc., que tiene su reflejo en la legislación española".

Por su parte, el Gobierno, según el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha comprometido a seguir insistiendo para que Marruecos deje entrar en El Aaiún a los periodistas españoles.