Human Rights Watch denuncia que el régimen derribó en 2012 y 2013 miles de edificios de civiles

El informe consta de 38 páginas y se titula "Destrucción de la tierra: las demoliciones ilegales de los barrios de Siria en 2012 y 2013". En él se documentan hasta siete casos de destrucciones a gran escala efectuadas por explosivos y tractores que, según la organización, "violan las leyes bélicas". Según la investigación de HRW, las demoliciones no estaban dirigidas a objetivos civiles como asegura el Gobierno sino a "castigar" a la población civil y causar "daños desproporcionados" entre la gente.

"Limpiar barrios enteros del mapa no es una táctica legítima en la guerra", ha dicho el investigador de emergencias de HRW, Ole Solvang. También ha añadido que estas "demoliciones ilegales son la última constatación de una larga lista de crímenes cometidos por el Gobierno sirio".

La organización ha manifestado que el régimen sirio, implicado en las negociaciones de Ginebra II, debería comprometerse a acabar "inmediatamente" con las demoliciones que violan las leyes internacionales y a ofrecer una vivienda alternativa a las víctimas. También han afirmado que el Consejo de Seguridad de la ONU debería trasladar la situación al Tribunal Penal Internacional.

Los siete casos sobre los que ha informado Human Rights Watch se produjeron entre julio de 2012 y durante el mismo mes de 2013. Los derribos se efectuaron en las áreas de Masha al Arb y Wadi al Jouz y también en distintos barrios de Hama, Qaboun, Tadamoun, Barzeh. También se llevaron a cabo destrucciones en zonas cercanas al aeropuerto militar de Mezzeh y las vecindades de Al Awamid así como en áreas próximas a Damasco y en la propia capital.

El área total de zonas demolidas, según el análisis de las imágenes por satélite, es de al menos 140 hectáreas, lo que equivale a 200 campos de fútbol.

MILES DE PERSONAS HAN PERDIDO SUS CASAS

Muchos de los edificios eran bloques de apartamentos de varios pisos, algunos incluso de ocho plantas. En consecuencia, miles de personas han perdido sus casas. La mayoría de las zonas afectadas eran consideradas por el Gobierno como focos de la oposición según han afirmado testigos entrevistados por Human Rights Watch.

Fuentes gubernamentales y medios oficialistas han asegurado que las demoliciones formaban parte de un plan de urbanización en un "esfuerzo" por retirar las construcciones ilegales. Sin embargo, las destrucciones fueron supervisadas por el Ejército y en ocasiones seguidas de altercados entre las fuerzas del régimen y la oposición.

HRW ha constatado que en otras zonas consideradas como opositoras no se han producido demoliciones similares a pesar de que muchas casas en esas áreas también han sido consideradas como construcciones ilegales.

Una mujer que vivía cerca de Wadi al Jouz, uno de los barrios demolidos en Hama, comentó a Human Rights Watch que después de los derribos en esa zona el Ejército llegó con altavoces diciendo que destrozarían sus casas como habían hecho en Wadi al Jouz.

Muchos propietarios han afirmado, en contra de las declaraciones emitidas por el Gobierno, que tenían los permisos y los documentos de sus viviendas en regla.

CONTRA LAS FUERZAS OPOSITORAS

El gobernador de la región de Damasco, Husein Majlouf, aseguró durante una entrevista en octubre de 2012 que las demoliciones estaban esencialmente dirigidas a las fuerzas opositoras.

Residentes locales han contado a la organización que las fuerzas gubernamentales no advirtieron de los derribos lo que les impidió recuperar la mayoría de sus pertenencias. Los propietarios han denunciado que no han recibido ninguna compensación.

El propietario de un restaurante en el barrio de Qaboun, en Damasco, ha asegurado que las fuerzas llegaron "una mañana" con tractores y le ordenaron abandonar el local. "Cuando les pregunté a los soldados que por qué iban a derribar mi local me espetaron que no hiciera más preguntas o que me detendrían", ha asegurado.

El hombre ha denunciado también que no le dejaron sacar nada del restaurante. "Han destruido delante de mis ojos mi lugar de trabajo, el que mi abuelo fundó hace años. Todo el esfuerzo de mi familia ha desaparecido en un segundo", ha lamentado.

El informe se basa en al análisis detallado de 14 imágenes por satélite de alta resolución y varias entrevistas con 16 testigos de las demoliciones y propietarios de las viviendas. Además, la organización ha examinado distintos informes de los medios, decretos del Gobierno y videos de las destrucciones colgados en YouTube.

"Es una tomadura de pelo que el Gobierno diga que está llevando a cabo un plan de urbanización en medio de este sangriento conflicto", ha dicho el investigador de HRW, Solvang. "Las demoliciones han sido un castigo general a las comunidades sospechosas de apoyar a los rebeldes".

Además, ha insistido en que el Consejo de Seguridad de la ONU debe, junto al Tribunal Penal Internacional, "enviar un claro mensaje de que el respaldo y la impunidad hacia el Gobierno no se impondrán en el camino para lograr la justicia para las víctimas".