El ICG advierte de los peligros de la propagación de los paramilitares en México

El análisis advierte que "es una seria amenaza para el gobierno de Peña Nieto en tanto en cuanto pueda hacer valer su autoridad para restaurar la ley y la presencia del Estado en las zonas controladas por los paramilitares".

La ICG anima al Estado mexicano a responder a través de "desarrollar una política coherente y valiente que haga frente a estos grupos armados para evitar su diseminación", ya que "si el gobierno no contiene este problema, las milicias provocarán más violencia por más áreas del país debilitando, aún más, el estado de derecho", avisa la organización.

Una de las causas que arguye el informe como un problema fundamental a resolver es acabar con la "descordinación existente" entre las distintas autoridades del país, tanto nacionales, estatales y municipales, para hacer cumplir la ley y no dejar impunes las actuaciones de los paramilitares.

AMENAZA TAMBIÉN PARA LA SEGURIDAD ESTADOUNIDENSE

Además, estos grupos armados se están convirtiendo en un problema interfronterizo, ya que al menos 9 de los 31 estados, especialmente en los estados de Guerrero y Michoacán, actúan cerca de la frontera con EEUU, comprometiendo también su seguridad. No en vano desde enero de 2013 ya son 30 las personas asesinadas en estas zonas y se teme el contagio hacia el resto, en una espiral de violencia que no tiene visos de desaparecer.

La ofensiva de seguridad del gobierno priísta en Michoacán lanzada en mayo, permitió reducir la presencia paramilitar en este estado, pero todavía se desconoce su capacidad de reestructuración. El informe comenta las políticas de otros estados, como el de Guerrero, en donde el gobierno estatal negoció acuerdos con algunos líderes de la milicia en un intento de disminuir su impacto. Sin embargo, muchas de estas milicias no están cohesionadas y se disgregan con facilidad lo que dificulta obtener algún compromiso estable de reducir la inseguridad.

LA POLÉMICA CON LA 'POLICÍA COMUNITARIA'

Otro problema añadido que advierte International Crisis Group para el gobierno nacional es la reclamación por parte de los paramilitares de los mismos derechos de la llamada 'policía comunitaria' en una clara manipulación de su concepto tradicional.

Esta policía de comunidad se organiza en algunas comunidades del país por su tradición histórica y local, como por ejemplo, en las comunidades indígenas debido a que durante siglos, el Estado no podía asegurar la protección de sus ciudadanos por lo que su defensa corría a cargo de ellos mismos.

Ante esta situación, ICG aconseja al gobierno nacional "definir con claridad los parámetros de actuación de la policía comunitaria" y evitar la usurpación de su concepto por parte de las milicias armadas.

Las conclusiones del informe urgen al gobierno mexicano "mano dura contra los paramilitares sin miedo a procesarles criminalmente" para devolver la confianza en los ciudadanos que se sienten abandonados por el Estado. "Ante esta situación, muchos toman las armas o apoyan estas milicias" que actúan impunemente fuera de la ley y que "abren una grieta en el estado de derecho mexicano que puede llegar a ser irreversible", advierte ICG.