La Justicia de Brasil se pronuncia contra Lula en su último intento por evitar la cárcel

La entrada en prisión de Lula es inevitable desde el miércoles, cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazó, por seis votos frente a cinco, un primer 'habeas corpus' con el que Lula pretendía eludir su encarcelamiento, alegando que debía permanecer en libertad hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatoria.

La defensa de Lula ha presentado este mismo viernes un segundo 'habeas corpus' ante el TSJ, que se ocupa solamente de asuntos constitucionales. El magistrado Félix Fischer, en cuyas manos ha recaído la decisión, se ha decantado por seguir los pasos del STF, según informa la oficial Agencia Brasil.

Lula ha abierto además una nueva vía al solicitar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vigila el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que pida al Gobierno brasileño que suspenda su entrada en prisión hasta que haya sido escuchado en todas las instancias judiciales posibles.

"La decisión (del STF) por un estrecho margen demuestra la necesidad de que un tribunal independiente examine si la presunción de inocencia fue vulnerada en el caso de Lula, así como las conductas tendenciosas del juez Sergio Moro", encargado de la causa, han dicho los abogados del expresidente en un comunicado.

Moro, que fue quien condenó a Lula en primera instancia, ha dado de plazo al líder izquierdista hasta las 17.00 (hora local) de este viernes para entregarse voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba (Paraná). Lula ya ha avanzado que no lo hará y espera en la sede del Sindicato Metalúrgico ABC, en Sao Bernardo do Campo, acompañado de sus fieles.

En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de Paraná ha indicado que, si bien no hay un protocolo especial para la detención de Lula, "la Policía Militar está plenamente preparada, como siempre, para actuar de forma eficiente y profesional ante eventuales manifestaciones".

Lula ha sido condenado por el juez federal y por un tribunal regional --en segunda instancia-- a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

El ex dirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales --el STF y el STJ-- para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

Hasta entonces, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.