La activista Karla Calapaqui denuncia el "linchamiento gubernamental" de colectivos sociales en Ecuador

La activista defensora de los Derechos Humanos ecuatoriana Karla Calapaqui ha denunciado este jueves la "continua represión gubernamental" que sufren periodistas y miembros de organizaciones sociales a manos de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Rafael Correa, que someten a los colectivos "a un incesante acoso y linchamiento".

"En 2007, la mayoría de ecuatorianos apoyamos una serie de medidas porque esperábamos un cambio, creíamos que había llegado un momento histórico, pero al final esas políticas han actuado en detrimento de la población y en favor de las empresas y bancas, que se han estado beneficiando durante los últimos nueve años gracias al Gobierno", ha indicado Calapaqui en una rueda de prensa en Madrid.

"Las organizaciones sociales han sufrido un linchamiento por parte de los medios de comunicación del Gobierno, y los periodistas que tratan de informar sobre la verdadera situación que se vive en el país también sufren las represalias. Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación ha habido una vulneración sistemática de los Derechos Humanos. Se han dado hasta 700 casos de criminalización", ha añadido Calapaqui.

La activista, que colabora con diversas organizaciones sociales como la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, Frente Popular y Mujeres en Resistencia, ha reivindicado el "derecho a denunciar esta situación ante los organismos competentes en Ginebra", donde el Estado ecuatoriano ha sido examinado en relación con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Correa, que se encuentra en su último año de gestión tras nueve de Gobierno, ha sido acusado de "machista" y "opresor" por las diferentes organizaciones sociales que hay en el país, las cuales han instado a la comunidad internacional a actuar, fundamentalmente, para parar la limitación de la libertad de expresión, el no cumplimiento de derechos de los grupos LGBTI y la vulneración de los derechos de las mujeres, que según Calapaqui se producen "de forma indiscriminada" en el país.

"El país está totalmente hipotecado. El Gobierno ha ofrecido amnistía a los bancos y ha otorgado concesiones mineras a China, que se ha apropiado además de las extracciones petroleras. El Estado ha concedido a Turquía por un plazo de 50 años el puerto Bolívar, por donde van a pasar todos los productos mineros. Los indígenas, que en este caso son los más perjudicados, luchan y resisten contra la expropiación de sus territorios y los recursos naturales que en ellos se encuentran", ha aseverado Calapaqui.

UNA CONTINUA CRIMINALIZACIÓN

Casos como el de los diez jóvenes de Luluncoto, que fueron detenidos en la localidad de Quito acusados de sabotaje y terrorismo, el de la maestra Mery Zamora, acusada de inducir a varios alumnos a participar en manifestaciones contra la Policía, y el de la periodista Manuela Picq, han provocado la indignación y crítica de grupos de defensa de los Derechos Humanos.

"Nos encontramos en un estado de indefensión, donde ni siquiera podemos sacar a la luz todos los casos de criminalización y vulneración de Derechos Humanos que se producen", ha indicado la abogada y activista Annabell Guerrero, que ha acompañado a Calapaqui durante su intervención.

"La nula respuesta del canciller ecuatoriano Guillaume Long en Ginebra en relación con las observaciones del Comité de Derechos Humanos deja ver que la idea de que en Ecuador no se violan derechos y libertades es errónea. Vivimos en un país que exporta propaganda e impide la inclusión de los afroecuatorianos, las mujeres y otros grupos vulnerables", ha añadido Guerrero.

"Aunque existe una ley de cuotas y parece que hemos avanzado en materia legislativa, lo que sucede en realidad es que las mujeres están supeditadas a las concepciones del presidente y sufren un continuo acoso. Las cuotas no sirven de nada si no se produce una verdadera inclusión de estos grupos", ha zanjado.