Sin acuerdo sobre quién debe asumir pérdidas en futuras crisis bancarias

El Ecofin celebrará una nueva reunión extraordinaria el próximo miércoles para tratar de cerrar un compromiso antes del Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, en el que está previsto dar un nuevo impulso a la unión bancaria.

El objetivo de esta norma es que en el futuro sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen quiebras bancarias, y evitar fiascos como el rescate de Chipre, donde en un primer momento se intentó imponer quitas incluso a los depósitos de menos de 100.000 euros.

El principal escollo que han impedido el acuerdo ha sido el grado de flexibilidad que debe permitirse a las autoridades nacionales para salvar a determinados acreedores de quitas. Francia, Reino Unido y otros países de fuera de la eurozona reclamaban el máximo margen de maniobra, frente a otros países como Alemania o Austria que pedían más armonización.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que, pese a la ruptura de las negociaciones, "en lo fundamental, que es la protección de los depósitos y el orden de prelación, hay un acuerdo total". "Los depósitos han quedado perfectamente protegidos", tanto los de menos de 100.000 euros como los superiores de particulares y pymes, ha asegurado Guindos.

La protección de los depósitos era la prioridad del Gobierno puesto que constituyen la principal fuente de financiación de la banca española. Los primeros en asumir pérdidas, según la directiva, serán los accionistas, seguidos de preferentistas, bonistas sénior y grandes depositantes. Sólo en casos extremos en los que toda esta aportación no sea suficiente para cubrir las pérdidas se recurrirá a depósitos de pymes y empresas.

La discusión del Ecofin se ha centrado, según Guindos, en determinar en primer lugar qué porcentaje mínimo de los pasivos bancarios debe asumir pérdidas antes de que se permita a las autoridades nacionales salvar a determinados acreedores de las quitas.

La cifra que se ha manejado en las últimas horas es el 8%. Una vez aplicada la quita a estos pasivos, los Estados miembros tendrían un margen de flexibilidad para excluir de las pérdidas pasivos de hasta el 5%. Esta exclusión se financiaría con la intervención del fondo de resolución que cada país deberá crear prefinanciado por la propia banca.

Sin embargo, este margen de flexibilidad no ha sido suficiente para lograr el consenso. "Es una cuestión técnica, yo creo que el miércoles próximo seremos capaces de llegar a un acuerdo", ha asegurado Guindos. "Lo que vamos a hacer es números, vamos a ver todas las alternativas disponibles", ha explicado.

En todo caso, el ministro de Economía ha restado importancia a la falta de acuerdo porque a su juicio la directiva resolución no es una parte "fundamental" de la unión bancaria, como sí lo era la recapitalización directa de entidades a cargo del fondo de rescate (MEDE) que se pactó el jueves. Y ha dicho que España, que pedía limitar la flexibilidad, está "perfectamente cómoda" con los parámetros que se perfilan para el acuerdo.