Lula, investigado por la trama de corrupción empresarial que afecta a su hijo

El delegado de la Policía Federal Marlon Cajado ha enviado un escrito al juez Vallisney de Souza Oliveira, para responder a las críticas de los abogados de la defensa, que han acusado al cuerpo de seguridad de llevar a cabo investigaciones paralelas sobre los mismos hechos.

Cajado ha sostenido que hay pruebas suficientes contra los ex funcionarios Lytha Spíndola y Fernando Mesquita, que ya están encarcelados, y ha apuntado que habría "colaboraciones eventuales de otros servidores públicos para la consecución de los intereses de la organización criminal".

"Para evitar conclusiones precipitadas, es necesario instaurar un nuevo procedimiento policial para intentar determinar la verdad material sobre los hechos indicados, es decir, si otros servidores públicos fueron corrompidos o si se estaría vendiendo humo", ha esgrimido.

Cajado ha indicado a Oliveria que debe investigarse "el tráfico de influencias en relación a estos servidores públicos, a saber, Erenice Alves Guerra, Dyogo Henrique, Nelson Machado y Luiz Inácio Lula da Silva".

Lula ya tuvo que declarar el pasado 7 de enero, aunque solo en calidad de "informante", porque estaba en el cargo cuando se aprobó la legislación cuestionada, de acuerdo con el medio de comunicación brasileño 'Estadao'.

"No tendría sentido que el delegado cambiara esa condición (de informante) en tan poco tiempo sin que haya surgido algo nuevo", ha dicho el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, que ha subrayado que, de momento, no ha cambiado la situación procesal de Lula.

'OPERACIÓN ZELOTES'

La Policía Federal y el Ministerio Público Federal investigan los pagos efectuados por varias empresas automovilísticas a LFT Marketing Esportivo, empresa vinculada al hijo del ex mandatario, Cláudio Lula da Silva, para favorecer a dicha industria.

Las pesquisas se centran en Marcondes e Mautoni, que pagó a la empresa del hijo de Lula justo cuando estaba intentando que el Gobierno renovara una medida provisional en materia fiscal que fue aprobada en 2009 para un plazo de cinco años y que había generado el cobro de "comisiones".

Lula está siendo investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias tras abandonar la Presidencia al usar su prestigio político para favorecer la contratación de empresas brasileñas en el extranjero.

A ello se suman las pesquisas judiciales por la red de sobornos en Petrobras a cambio de conseguir jugosos contractos con la petrolera estatal, un caso que ha salpicado a altos cargo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Lula.