Miles de argentinos exigen Justicia para Nisman en Buenos Aires

Los argentinos se han reunido frente al Congreso, a pesar de la intensa lluvia que baña Buenos Aires, para partir desde allí hacia la sede de la Unidad Fiscal del caso AMIA, donde trabajaba Nisman, ubicada en la emblemática Plaza de Mayo.

Los manifestantes han aguardado a que llegara la familia del fiscal. Su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo, y sus dos hijas se han colocado a la cabeza de la marcha arropadas por los jueces y fiscales convocantes y miles de ciudadanos anónimos.

La columna ha iniciado su marcha en un silencio absoluto y sin pancartas políticas, cumpliendo así las peticiones de la familia. "Nuestra presencia se orienta a rendir un reconocimiento a la persona que fue y al funcionario cuya valiente entrega destacamos", dijo Arroyo al anunciar su participación.

La Policía Metropolitana calcula que habrá unos 300.000 manifestantes, por lo que el secretario de Seguridad, Sergio Beni, ha anunciado un importante despliegue para vigilar "que todo salga bien", revelando que, para evitar respuestas indebidas a "las provocaciones" los agentes no llevarán armas.

La marcha de Buenos Aires servirá de cierre a una jornada de movilizaciones dentro y fuera de Argentina. En otras ciudades del país suramericano se esperan más de 70 concentraciones, mientras que 27 países, incluido España, ya han celebrado sus propias concentraciones.

TRASFONDO POLÍTICO

Aunque el objetivo de la "marcha del silencio" es pedir Justicia para Nisman, el Gobierno ha advertido de que será "un acto opositor" cuyo verdadero objetivo es generar "impacto político" y "estrépito social" como parte de una "estrategia activa de desestabilización".

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha subrayado horas antes que no permitirá "que nadie le marque la cancha" y, a pesar de que se encontraba en Buenos Aires, ha decidido refugiarse en Chapadmalal, cerca del río de La Plata.

La muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero, ha conmocionado la sociedad argentina porque tuvo lugar, en extrañas circunstancias, cuatro días después de que el fiscal denunciar a Fernández de Kirchner por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA, cargo por el que finalmente ha sido imputada.