La OEA contesta al Gobierno venezolano que "nadie que quiera más derechos puede ser considerado traidor"

El pasado 29 de abril una delegación opositora se reunió con Almagro en la sede de la OEA, en Washington, para pedirle que sopesara la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra Venezuela por la ruptura del "orden constitucional".

En respuesta, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha amenazado con demandar por "traición a la patria" a quienes "han ido fuera a difamar, agredir, y pedir intervenciones".

La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, solicitó intervenir ante el Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria para calificar de "graves" las "amenazas" contra Venezuela e insistir en que se basan en "acusaciones falsas".

"He seguido con preocupación las acusaciones por parte de sectores del gobierno de Venezuela de ser 'traidores a la patria' a un grupo de legisladores, elegidos por el pueblo, por visitarme recientemente e informarme de la situación de su país", ha dicho Almagro en un comunicado.

El secretario general de la OEA ha recordado que "los instrumentos del Sistema Interamericano (...) están pensados para el bien del ciudadano de nuestro continente". "Es él el partícipe último y el fin primero de nuestras obligaciones", ha recalcado.

Almagro ha incidido en concreto en que "la CDI no es un instrumento impuesto a los países, ni su objetivo es el de sancionar --las posibles sanciones son el último de los recursos--", sino que está destinada fortalecer "el carácter participativo de la democracia".

"Una y otra vez, la CDI reitera que las gestiones que desde la OEA puedan realizarse tienen como finalidad otorgar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática", por tanto, "quien solicite ayuda, buenos oficios o que se hagan gestiones diplomáticas no puede ni debe ser considerado un traidor", ha sostenido.

A este respecto, el ex canciller uruguayo ha recordado "el papel que, a petición del (fallecido presidente venezolano) Hugo Chávez y en cumplimiento de la CDI, tuvo la Secretaría General de la OEA en Venezuela en el año 2002".

"Todo aquel que quiera para su patria más derechos, más libertad, más democracia, y que para ello recurra a la ayuda de las instituciones americanas (...) debería ser considerado un patriota y un defensor de la democracia, más allá de a qué partido político pertenezca", ha afirmado.

CRISIS POLÍTICA

Venezuela está inmerso en una crisis política desde las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre, que han dibujado un escenario nunca visto en el país con la oposición en el Congreso y el 'chavismo' en el Gobierno.

Maduro ha negado la validez de cualquier acto emanado de la Asamblea Nacional, mientras que la oposición ha puesto en marcha una 'hoja de ruta' para acortar el mandato del presidente, que expira oficialmente en 2019, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución.

Este enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo ha convertido al Tribunal Supremo en un actor clave en la actual política venezolana, porque es el poder al que la Carta Magna encarga dirimir los conflictos institucionales.