80 ONG que trabajan en Palestina denuncian las "graves consecuencias" del reconocimiento de Jerusalén

AIDA --una coalición que agrupa a 80 organizaciones no gubernamentales que trabajan en los Territorios Palestinos-- ha alertado de las "graves consecuencias" que tendrá para la población palestina el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, al tiempo que ha subrayado que la ciudad santa no puede ser considerada como capital israelí porque está "ocupada ilegalmente".

Las organizaciones firmantes del comunicado han subrayado su "rechazo" a la declaración realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han expresado su "preocupación" por las consecuencias que pueda tener una decisión que creen que ha sido adoptada "contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

"Las ONG que trabajan en Palestina, agrupadas en la coalición AIDA, consideran que esta desacertada decisión carece de equilibrio al omitir deliberadamente un reconocimiento de Jerusalén como la capital futura de Palestina", ha explicado la coalición de ONG que trabajan en Palestina.

Las organizaciones han hecho hincapié en que la decisión de Estados Unidos "incrementará el patrón de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos" y aumentará "las dificultades para cubrir las necesidades básicas de la población palestina".

JERUSALÉN ESTE ES UNA "PARTE INTEGRAL" DE PALESTINA

Además, han recalcado que, de acuerdo con "el Derecho Internacional", Jerusalén Este es "una parte integral" de los Territorios Palestinos y que los terceros países, incluido Estados Unidos, "deben abstenerse de acciones que reconozcan su anexión ilegal y por la fuerza por parte de Israel".

Para Alianza por la Solidaridad, una de las ONG que integran la coalición AIDA y que trabaja con la población de Palestina desde hace más de 24 años, "la decisión de Trump no sólo vulnera la Resolución 476 de Naciones Unidas, con consecuencias nefastas para una solución pacífica y justa del conflicto, sino que compromete el débil proceso de paz en marcha y la seguridad y los derechos del pueblo palestino dentro y fuera de Jerusalén".

En este sentido, la coalición AIDA ha recordado que la "ocupación ilegal de territorios" impacta directamente "en la vida de palestinos y palestinas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén, que sufren desde hace décadas las consecuencias del bloqueo económico, la violencia militar, las restricciones de movimientos y las confiscaciones de tierra y propiedades, entre otras vulneraciones graves de sus derechos fundamentales".

Tras señalar que, en la actualidad, el 61 por ciento del territorio palestino está "bajo control civil y militar de Israel", la coalición de ONG ha asegurado que el número de colonos ilegales israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este "asciende a más de 600.000 personas y aumenta año tras año".

En esta misma línea, las organizaciones no gubernamentales han denunciado que el muro de separación en Cisjordania, "además de ser ilegal a ojos de la comunidad internacional, no respeta las fronteras de 1967 y se adentra en territorio palestino".

"Como consecuencia, se estima que más de un 39 por ciento de la población palestina vive por debajo de la línea de pobreza, con índices de desempleo del 43 por ciento en lugares como Gaza. La ONU considera que 2,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de la situación descrita", han señalado.

LA OCUPACIÓN ISRAELÍ AFECTA "EN ESPECIAL" A LAS PALESTINAS

Alianza por la Solidaridad y sus socias palestinas han afirmado que han "constatado reiteradamente" las consecuencias que la ocupación israelí tiene "en especial" sobre las mujeres, que "sufren de forma particular la creciente militarización del conflicto y los efectos de la ocupación que profundizan en las desigualdades preexistentes en la sociedad y limitan su libertad de movimientos de manera particular, su acceso a protección y han aumentado los niveles de violencia sexual y de género contra ellas".

"Un deterioro general de las condiciones de seguridad causado por este movimiento político conllevará mayores restricciones de movimientos, un aumento de los check-points móviles, posibles toques de queda en los barrios palestinos de Jerusalén Este y un previsible aumento de las detenciones políticas", han denunciado las 80 ONG que trabajan en los Territorios Palestinos.

El reconocimiento de Jerusalén como capital israelí conllevará, a juicio de la coalición AIDA, no solo "graves consecuencias para la población" sino también "un grave empeoramiento de las condiciones de trabajo" de las propias ONG, "dificultando la logística para los proyectos y el acceso a los servicios y, por lo tanto, impactando en proyectos de protección de los derechos de las familias y de las mujeres con las que trabaja la organización".

Por todo ello, la Alianza por la Solidaridad ha reclamado a la comunidad internacional, a la Unión Europea, y, en especial, al Gobierno de España que tomen "medidas efectivas para que prevalezca el Derecho Internacional y se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas".

"Alianza exige al Gobierno español que avance en el reconocimiento del Estado palestino y su tratamiento como Estado soberano, así como que contribuya a activar las negociaciones necesarias para que prevalezca el Derecho Internacional Humanitario y se gestione la creación de un Estado Palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como su capital", ha concluido.