Una ONG condena la ejecución en Pakistán de un hombre condenado a muerte cuando tenía 15 años

Aftab Bahadur fue condenado en 1992 por el asesinato de tres personas, en un momento en el que la pena capital podía ser aplicada a los mayores de 15 años de edad, umbral que fue elevado hasta los 18 años en el 2000.

"Aftab era un niño cuando fue sentenciado a muerte tras hacer una confesión falsa bajo tortura. Los dos testifos de su caso retiraron sus acusaciones, explicando que fueron hechas bajo tortura", ha dicho la ONG.

La directora del equipo sobre pena capital de Reprieve, Maya Foa, ha afirmado que "es un día realmente vergonzoso para el sistema judicial paquistaní", subrayando que "Aftab fue sometido a prácticamente todas las injusticias concebibles".

"Pakistán se negó incluso a permitir a sus abogados los días necesarios para presentar unas pruebas que hubieran demostrado su inocencia. Es una farsa de la justicia, y una tragedia para todo los que conocían a Aftab", ha remachado.

AUMENTO DE LAS EJECUCIONES

Las autoridades de Pakistán han ejecutado a más de un centenar de personas desde que el primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria a la pena de muerte en diciembre de 2014.

Sharif anunció su decisión tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi (sur), suceso que se saldó con la muerte de 141 personas, entre ellas 132 menores de edad.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Pakistán expresó a mediados de marzo su preocupación por las últimas ejecuciones en el país y por la decisión del Gobierno de aplicar también la pena capital a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo.

"Se ha informado de que entre los ejecutados habría personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito. Según algunas estimaciones, hay más de 8.000 presos en el corredor de la muerte", indicó a través de un comunicado.

Por ello, solicitó al Gobierno del país centroasiático que "vuelva a poner en marcha su moratoria (a la pena capital) lo antes posible". "Estamos dispuestos a apoyar en el proceso de fortalecimiento del sistema judicial en caso de que se nos pida ayuda", remachó.

A mediados de abril, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de las penas de muerte dictadas por los tribunales militares establecidos este año tras el aumento de la violencia islamista, que han generado suspicacias en cuanto a su imparcialidad y el alcance de los poderes de los militares.