Un grupo de ONG denuncian irregularidades en el Plan de Regulación del Gobierno dominicano

Las ONG Manos Unidas, Alboan, Entreculturas, InterRed, InspirAction y OCASHA-Cristianos con el Sur han asegurado en un comunicado que miles de afectados no se han podido adherir al llamado plan por falta de información o por tener que enfrentarse a trabas burocráticas.

Además, el Gobierno de República Dominicana ha reconocido este jueves la necesidad de ampliar el plazo concedido para que los ciudadanos no inscritos en el registro civil del país, mayoritariamente descendientes de haitianos, puedan regularizar su situación. Un plazo que finaliza el próximo 28 de octubre dejando fuera a miles de afectados.

El presidente dominicano, Danilo Medina, ha presentado ante la Cámara de los Diputados un proyecto para ampliar el plazo 90 días, todavía pendiente de aprobación.

Desde le pasado 29 de junio y tras una decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana de desnacionalización, los nacidos en el país pero hijos de inmigrantes ilegales procedentes de Haití podían regularizar su situación pidiendo la nacionalidad dominicana.

Pero las organizaciones sociales del país han denunciado numerosas irregularidades cometidas por trabajadores del Ministerio del Interior y por la Policía. Entre ello, destacan la falta de campañas de información sobre los requisitos, pocas oficinas para hacer frente a los trámites y a las peticiones, procedimientos administrativos que contradicen la propia ley o denuncias que hablan del cobro de documentos que tenían que ofrecerse de forma gratuita a la sociedad.

"No solo es injusta la sentencia que dio origen a la desnacionalización de la población de ascendencia haitiana, sino que los procedimientos mediante los cuales se están aplicando, no están siendo los adecuados, han explicado las ONG.

De hecho, apuntan a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al país que modificase cualquier ley e incluso la Constitución para evitar la negación de nacionalidad dominicana.

SOLO UN UNO POR CIENTO

Según los datos de Naciones Unidas, solo el uno por ciento han podido acudir a oficinas, por lo que ha pedido que el plazo se extienda como mínimo ocho meses y no los 90 días que plantea el Gobierno.

El Gobierno ha rechazado todas las acusaciones negándose a reconocer los fallos. Las autoridades responsables de la aplicación del plan han asegurado que existen 24 unidades de atención y una campaña de información.

"Exigimos que la República Dominicana reconozca y restituya los derechos de los dominicanos afectados, comenzando por prorrogar el plazo. La comunidad internacional no puede obviar este hecho que vulnera los Derechos Humanos fundamentales de las personas", ha añadido el grupo de ONG.