La ONU denuncia el deterioro de la situación de Derechos Humanos en Turquía por el estado de emergencia

Las extensiones "rutinarias" del estado de emergencia impuesto en Turquía tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016 han derivado en "profundas violaciones" de los Derechos Humanos que han terminado afectando a cientos de miles de personas, según expone el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un contundente informe.

Los investigadores, que han cubierto el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, han dado cuenta en su análisis de casos de "privación arbitraria del derecho a trabajar y la libertad de movimiento, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias e incumplimientos de las libertades de asociación y expresión".

"Casi 160.000 personas han sido detenidas durante los 18 meses que dura el estado de emergencia, mientras que 152.000 funcionarios han sido cesados", reza un comunicado de la oficina que dirige Zaad Raad al Hussein y en el que el propio Alto Comisionado ha calificado de "impactantes" dichas cifras, en gran medida por la lectura política que hay detrás.

Ankara ha emprendido esta campaña legal y policial argumentando que quiere expulsar de las instituciones a todas las personas vinculadas al clérigo Fethulá Gulen, exiliado en Estados Unidos y señalado como 'cerebro' del golpe fallido. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, sin embargo, han acusado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de promover una purga de cualquier atisbo de disidencia con la excusa de la asonada.

El Alto Comisionado ha admitido que Turquía se encuentra en una situación "compleja" por el golpe fallido y la lucha contra el terrorismo, pero también ha coincidido en que "la cantidad, frecuencia y falta de conexión de varios decretos de emergencia con cualquier amenaza para la seguridad nacional" apuntan a un posible uso de dichos instrumentos para "aplacar cualquier forma de crítica y disidencia contra el Gobierno".

En este sentido, en el informe se advierte de que el estado de emergencia no solo ha contribuido al deterioro de la situación de Derechos Humanos y a la "erosión" del Estado de Derecho a corto plazo, sino que podría tener "implicaciones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico de Turquía".

CASOS "ALARMANTES"

"Uno de los casos más alarmantes", a juicio de Zeid, tiene que ver con la detención de un centenar de mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, "en la mayoría de los casos con el argumento de que estaban 'asociadas' a sus maridos, supuestamente conectados a organizaciones terroristas".

"Algunas fueron detenidas con sus hijos y otras, separadas violentamente de ellos. Esto es simplemente atroz, cruel y seguramente no tiene nada que ver con lograr que el país sea más seguro", ha criticado el jefe de Derechos Humanos de la ONU.

Las dudas también se extienden al referéndum constitucional celebrado por Turquía en abril de 2017, gracias al cual Erdogan logró reforzar su poder y apuntalar su "injerencia" en la actividad parlamentaria y el sistema de justicia. Esta interrelación entre los distintos poderes daría pie a un contexto de "inmunidad".

El informe sostiene que la alusión vaga en los distintos decretos a la prohibición de tener un "vínculo o conexión" a cualquier "organización terrorista" ha dejado las actividades delictivas abiertas a la interpretación de las autoridades y ha dado pie a arrestos por un amplio abanico de motivos que van desde el uso de aplicaciones de mensajerías a relaciones supuestamente conflictivas en redes sociales.

Una vez entre rejas, los detenidos han llegado a sufrir torturas y otros malos tratos, entre ellos abusos sexuales, descargas eléctricas o 'waterboarding' --asfixia simulada--, cometidos por prácticamente todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, ha apuntado el Alto Comisionado.

Quienes han sido apartados de sus puestos de trabajo no solo se han quedado sin empleo, sino también en muchos casos sin ningún tipo de cobertura social, seguro médico e incluso sin casa. Varios de los decretos publicados bajo el estado de emergencia estipulan que los funcionarios "serán desahuciados de las viviendas públicas o de las que sean propiedad de una fundación".

Por otra parte, el informe también cifra en unos 300 el número de periodistas detenidos por su presunta vinculación o connivencia con organizaciones terroristas, en algunos casos simplemente porque en sus artículos parecían "disculpar" a grupos ilegales como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Además, más de 100.000 páginas web han sido bloqueadas solo en 2017.

TURQUÍA RESPONDE

El Alto Comisionado recomienda en su informe la finalización del estado de emergencia, la recuperación del "normal funcionamiento" de todas las instituciones y la derogación de cualquier medida legal que no cumpla estrictamente con los protocolos internacionales en materia de Derechos Humanos. También plantea investigaciones y compensaciones para revertir casos arbitrarios de detención o despido.

"Insto al Gobierno de Turquía a garantizar que se investigan estas denuncias de violaciones graves de los Derechos Humanos y sus responsables terminan ante la Justicia", ha insistido Zeid, quien ha reclamado para su equipo "acceso pleno y sin restricciones" para poder evaluar de forma "directa" y "objetiva" la situación en el sureste del país.

Para el Gobierno turco, sin embargo, el informe publicado este lunes "no tiene validez", en la medida en que "ignora completamente las múltiples amenazas a las que se enfrenta Turquía y, especialmente, los efectos en la protección de los Derechos Humanos del intento de golpe de Estado, que ha afectado a la supervivencia del país y a la vida democrática".

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha considerado "obvio" que el Alto Comisionado de la ONU "ha perdido su objetividad e imparcialidad" y ha "desarrollado prejuicios", lo que se ha traducido en la difusión de "acusaciones infundadas" que "encajan perfectamente con los esfuerzos de propaganda de las organizaciones terroristas". "Es una situación inaceptable", ha apostillado.

"Esta persona, que dirige un organismo internacional con una incuestionable importancia, ha relegado desafortunadamente dicho órgano a una posición de colaborador de organizaciones terroristas", ha añadido el Ministerio que dirige de Mevlut Cavusoglu, en un comunicado en el que ha criticado a Zeid por rechazar "las múltiples invitaciones" para visitar Turquía.

En este sentido, ha subrayado que "su denuncia de que no tiene acceso a Turquía carece de base" y ha lamentado que el Alto Comisionado haya optado por "ignorar" de forma deliberada la información que han intentado facilitarle las autoridades turcas en relación a la situación actual.