La ONU, "alarmada" por la preservación de las competencias extraordinarias de la junta militar

"Normalmente le daría una calurosa bienvenida al levantamiento de la ley marcial, pero estoy alarmado porque se le remplaza con algo aún más draconiano, que le confiere poderes ilimitados al primer ministro sin ninguna supervisión judicial", ha valorado.

Así, ha sostenido que las nuevas disposiciones, invocadas a través de un artículo de la Constitución para que las Fuerzas Armadas mantengan amplias competencias, dejan la puerta abierta a violaciones graves de los Derechos Humanos de la población.

El primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, ha asegurado que solo empleará las competencias extraordinarias que le concede ese artículo constitucional para arrestar de inmediato a las personas que incumplan las leyes en materia de seguridad y a aquellos que cometan delitos graves.

Como jefe del autoproclamado Consejo Nacional para la Paz y el Orden (el nombre con el que se presenta la junta militar), Prayuth ha subrayado que el pueblo tailandés no tiene nada que temer porque él mantenga sus competencias extraordinarias y que su objetivo es que el país avance "de forma más conveniente".

La decisión del primer ministro ha sido criticada por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que ha descrito el reemplazo de la ley marcial con las nuevas competencias como "un ejercicio cínico para preservar el poder militar".

"El anuncio del levantamiento de la ley marcial debería haber sido una causa de celebración. Sin embargo, (Prayuth) se ha garantizado extensos poderes para seguir violando la libertad de expresión, asociación y asamblea", ha dicho el director de AI para Asia-Pacífico, Richard Bennet.

"La comunidad internacional no debe ser engañada por este ejercicio cínico. Nada ha cambiado. Es un intento de ocultar tras un velo el uso del Ejército para aplastar las críticas", ha agregado.

LAS NUEVAS COMPETENCIAS

Gracias a este artículo de la Carta Magna, el periodo máximo de detención militar sin cargos es de siete días, el mismo que con la ley marcial pero, transcurrido ese plazo, el detenido tiene que ser liberado o entregado a la Policía o la Fiscalía.

Este artículo constitucional también establece que los civiles que sean juzgados ante un tribunal militar tendrán derecho a presentar recursos en la justicia castrense. Asimismo, permite a la junta militar aprobar leyes sin que tengan que pasar por el Parlamento.

El abogado Anon Nampa, miembro de la asociación Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, ha mostrado su inquietud por la medida aprobada por el Gobierno y ha alertado de que sigue existiendo un conflicto de intereses por parte de la junta castrense que lidera el general Prayuth.

En este sentido, ha subrayado que los tribunales militares siguen la cadena de mando, que acaba en el Ministerio de Defensa y que no es realmente independiente, por tanto, toda vez que el ministro del ramo es el general Prawit Wongsuwan, 'número dos' del Consejo Nacional para la Paz y el Orden. "¿Por qué no se lleva a estas personas ante la justicia ordinaria si creen realmente que es lo mismo?", ha planteado Anon.

Además, Anon ha puesto en duda que la junta vaya a respetar ese límite de siete días como máximo en una detención sin cargos y ha advertido de que el general Prayuth puede ampliar este periodo gracias al mencionado artículo 44 de la Constitución interina de Tailandia.