La ONU insta a las autoridades cubanas a reforzar las medidas contra el tráfico de personas

"Aunque parezca que los casos de tráfico de personas en el país son limitados, el número de procesos judiciales y víctimas asistidas es muy modesto, lo que indica que es necesario poner en marcha una serie de medidas para mejorar la detección del problema", ha aseverado Giammarianaro.

La relatora de la ONU, que ha reconocido la disposición del Gobierno a la hora de abordar la cuestión de la trata de personas, ha señalado que aún se debe trabajar para lograr la completa protección de los menores.

"Las autoridades se han centrado en la explotación sexual a la hora de luchar contra el tráfico de personas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la explotación laboral y el uso de trabajadores extranjeros en las industrias", ha afirmado.

"El verdadero desafío es el de implementar nuevas medidas, especialmente en lo referente a la identificación y el apoyo a las víctimas sin vulnerar los Derechos Humanos", ha insistido Giammarianaro, que ha revisado el Plan de Acción del Gobierno para los años 2017-2020.

La ONU ha destacado el sistema educativo cubano y la seguridad social, que reducen la vulnerabilidad de los ciudadanos a convertirse víctimas del tráfico de personas. Giammarinaro ha señalado que miles de inmigrantes se vieron expuestos a la trata de personas en 2015 debido a la precaria situación en la que se encontraban.

La relatora ha explicado que algunos de los supervivientes firmaron contratos legales pero, "al llegar al país, les confiscaron sus pasaportes y se dieron cuenta de que se encontraban en manos de mafiosos que pretendían que trabajasen sin cobrar".

"Algunas de las mujeres que fueron forzadas a prostituirse lograron contactar con sus familias y fueron rescatadas gracias al trabajo de las embajadas. No obstante, no sabemos cuántas mujeres jóvenes se han visto obligadas a vivir en condiciones de explotación", ha aseverado.

La relatora ha destacado la importancia de acabar con el estigma. "El miedo a ser castigadas constituye un obstáculo para las víctimas de la explotación sexual y el tráfico de personas, que se muestran reacias a denunciar los abusos", ha indicado.