Un relator de la ONU denuncia crímenes de guerra en Gaza y pide una investigación

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que presentará el lunes, y que es de una dureza raras veces vista en ese foro, Falk concluye que el recurso a la fuerza, de la manera en que lo hizo Israel entre el 28 de diciembre y el 18 de enero, contra Gaza, no estaba legalmente justificado y fue potencialmente un crimen de guerra.

Falk considera, por un lado, que si no es posible distinguir entre los objetivos militares y los civiles -y dadas las condiciones de Gaza no lo es- "entonces lanzar los ataques es inherentemente ilegal y podría constituir un crimen de guerra de la mayor magnitud bajo la ley internacional".

"En base a las primeras pruebas disponibles, hay razones para llegar a esa conclusión", subraya.

Y agrega que "considerando que los ataques iban dirigidos contra áreas densamente pobladas, era en cierto punto inevitable, y desde luego previsible, que hospitales, centros educativos y religiosos y sedes de la ONU fueran alcanzadas por los bombardeos israelíes, y que se registraran numerosas víctimas civiles".

Un segundo elemento gravemente perturbador para Falk, y que en su opinión apoya la teoría del crimen de guerra, es el hecho de que al estar selladas todas las fronteras de la franja palestina, "los civiles no podían escapar de la órbita del daño".

"En una política beligerante sin precedentes, Israel rechazó permitir a toda la población civil de Gaza -con la excepción de 200 esposas extranjeras- abandonar la zona de guerra durante los 22 días de ataques que comenzaron el 27 de diciembre", añade en su informe.

Recuerda que ya el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo el 6 de enero que "Gaza es el único conflicto en el mundo en el que a la gente ni siquiera se le permite escapar", ya que todos los puntos de cruce estuvieron cerrados.

"Al hacer esto, niños, mujeres, enfermos y discapacitados fueron incapaces de huir de las operaciones militares de Israel, y esta condición se agravó por la ausencia de lugares para esconderse en Gaza, dado su pequeño tamaño, su densa población y la ausencia de refugios naturales o construidos por el hombre".

El relator analiza diversas legislaciones internacionales humanitarias y considera que la práctica de "negación del refugio" "constituye un crimen contra la humanidad tal como lo entiende la ley criminal internacional".

En la ofensiva murieron 1.434 palestinos, de los cuáles 235 eran combatientes y 960 civiles, entre ellos 288 niños y 121 mujeres.

También 239 oficiales de policía murieron, y 5.303 palestinos fueron heridos, de ellos 1.606 niños y 828 mujeres, y a ello se suman los graves daños en edificios, infraestructuras y 21.000 viviendas.

"No hay forma de reconciliar los propósitos generales y los puntos específicos de la ley humanitaria internacional con la magnitud y la naturaleza de los ataques militares israelíes" en esa ofensiva, agrega Falk.

"Los ataques israelíes con cazabombarderos F-16, helicópteros Apache, artillería de largo alcance desde tierra y mar fueron dirigidos esencialmente a una sociedad indefensa de 1,5 millones de personas", subraya.

El relator denuncia, incluso, las declaraciones efectuadas por el "número 2" de la embajada de Israel ante la Unión Europea, Zvi Tal, ante un comité del Parlamento Europeo, en las que, en defensa de la ofensiva contra Gaza afirmó que "a veces, en el fragor del fuego y el intercambio de disparos cometemos errores. No somos infalibles".

"No estamos hablando de fallos o infalibilidad, sino de un asalto masivo contra una zona densamente poblada", responde Falk en su informe.

El relator también desmonta la tesis israelí de que la ofensiva fue en respuesta a los lanzamientos de cohetes de Hamas contra Israel, y con datos y gráficos muestra que durante el periodo de alto el fuego de los meses previos, "fue predominantemente Israel quien lo violaba, y era Hamas quien respondía... En el 79 por ciento de los casos de incidentes violentos, fue Israel quien rompía el alto el fuego".

Por todo ello, Falk propone una investigación por parte de "tres o más respetados expertos en leyes internacionales de derechos humanos y ley criminal internacional".

Añade que deben ser examinados igualmente los casos de lanzamientos de cohetes por parte de militantes de Hamas.

Falk cree que en una posible investigación pueden ser aplicables las jurisprudencias de los principales tribunales internacionales (Ex Yugoslavia, Ruanda y Corte Penal Internacional).