La ONU denuncia 800 nuevos desplazados en lo que va de año por la violencia en el Bajo Cauca

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (ACNUR) de Naciones Unidas han expresado su preocupación "por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de Derechos Humanos que se han presentado en las últimas semanas en el Bajo Cauca antioqueño".

Las dos agencias han precisado en un comunicado conjunta que desde el 19 de enero y hasta el 18 de febrero al menos 822 personas --461 adultos y 361 niños-- de las zonas rurales del Bajo Cauca, sobre todo pueblos indígenas y afrodescendientes, han sufrido desplazamiento forzado.

También han dado la voz de alarma "por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255 por ciento la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior".

"En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de Derechos Humanos, tales como amenazas y atentados contra la vida y la integridad de civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena senú en su territorio", han añadido.

La ONU ha valorado "el esfuerzo" de las autoridades colombianas para responder a esta ola de violencia, pero pese a ello "la situación continúa empeorando". Por eso, las dos agencias han instado al Gobierno a evaluar la eficacia de su política de prevención y a proporcionar los recursos humanos y materiales necesarias para implementarla.

"Hacemos un llamado para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de los Derechos Humanos, específicamente para el Bajo Cauca", que tenga en cuenta factores como la pobreza y la corrupción", han reclamado.

La situación en el Bajo Cauca refleja un patrón nacional. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha indicado que durante 2017, el primer año de aplicación del acuerdo de paz, la violencia se ha disparado en Colombia a niveles "sin precedentes". Cinco millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

Esta violencia obedece a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y grupos criminales, así como entre estos mismo, para hacerse con el control de los antiguos territorios de las FARC y de sus negocios ilícitos, principalmente el narcotráfico.