La PACE estima que las personas que filtren delitos de Estado deberían estar protegidos de las represalias

El comité de la PACE ha instado a los gobiernos de los 47 Estados del Consejo de Europa a alinear sus leyes con una serie de principios globales reflejados en el informe "Seguridad nacional y acceso a la información", acordados a principios de junio por una serie de expertos, por la sociedad civil, por académicos y por profesionales de seguridad nacional.

Según el comité, el acceso a la información debería estar garantizado en aquellos casos en los que el interés público a la información supere el interés de las autoridades por mantener esa información en secreto, incluyendo aquella información que "pueda suponer una contribución significativa en un debate en curso".

El autor del informe, Arcadio Díaz Tejera, ha señalado que las revelaciones de Wikileaks no parecen haber causado ninguna repercusión diplomática grave ni ningún daño permanente. "Una de las lecciones que hemos aprendido de esta filtración masiva es que la publicación de información relativamente sensible no tiene por qué ser tan dañina como se asumió en un principio", ha declarado.

"Por ello, considero que la extrema severidad con la que las autoridades estadounidenses están tratando al señor (Bradley) Manning, el joven soldado que parece ser la 'fuente' de esta filtración, es, cómo poco, inapropiada", ha añadido Díaz Tejera.

En el proyecto de resolución, el comité de la PACE establece que "los intereses de seguridad nacional bien definidos y legítimos" son motivos válidos para que las autoridades públicas retengan información. Sin embargo, invocar la "seguridad nacional" como pretexto para mantener el secretismo debería estar sujeto a una serie de límites.

Según el proyecto de resolución, delitos tales como el asesinato, las desapariciones forzosas, la tortura o los secuestros cometidos por agentes del Estado no merecen estar protegidos como "secretos de Estado".

El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la PACE ha instado también a todos aquellos miembros del Consejo de Europa que todavía no han ratificado la Convención de Acceso a Documentos Oficiales, a que lo hagan.