El Parlamento de Israel aprueba una nueva ley antiterrorista que da más poderes al Estado

La Knesset ha aprobado el proyecto con 57 votos a favor y 16 votos en contra en la segunda y tercera lectura, por lo que será incluida en el Código Criminal del país, según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.

El proyecto fue presentado por Tzipi Livni cuando estuvo al frente a la cartera de Justicia, y contempla una expansión de las herramientas antiterroristas a través de diversos mecanismos legales, amplía las penas máximas hasta los 30 años de cárcel e impone sanciones a múltiples tipos de delitos relacionados con el terrorismo.

De esta forma, cualquier persona que encabece una "organización terrorista" será condenado a 25 años de cárcel, y a cadena perpetua en caso de que el grupo haya realizado ataques.

Esta misma sentencia será aplicable para aquellas personas que lleven a cabo atentados con armas químicas, biológicas o radiactivas, sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido 15 años de su condena.

Asimismo, los condenados por tráfico de armas con propósitos terroristas serán sentenciados a 20 años de cárcel, mientras que los que tengan papeles administrativos en grupos terroristas podrían ser condenados a diez años de prisión.

ACTOS VINCULADOS AL TERRORISMO

Por otra parte, aquellos que entrenen a terroristas serán condenados a nueve años de cárcel, y a siete en caso de reclutar a miembros, llevar a cabo operaciones o amenazar con cometer atentados.

La nueva legislación contempla penas de hasta cinco años de cárcel para cualquier persona que "ayude a terroristas", a menos que se demuestre que no eran conscientes de las finalidades de la organización.

Por último, las personas que hagan muestras públicas de solidaridad con organizaciones terroristas, incluidas las banderas, eslóganes e himnos, podrán ser condenadas a tres años de prisión.

La nueva ley permite además al ministro de Defensa declarar una organización como terrorista siguiendo una solicitud del Shin Bet y tras recibir la recomendación del fiscal general.

El Gabinete de Seguridad podrá adoptar esta misma declaración si una organización cualificada o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara como terrorista a dicha organización.