La Procuraduría de Colombia dice que es una "utopía" que las FARC se libren de la cárcel

Ordóñez ha insistido en que los guerrilleros desmovilizados, especialmente los líderes insurgentes, deberán rendir cuentas ante la Justicia por los crímenes cometidos y que, de no hacerlo, se activarían los mecanismos internacionales.

"Si un Estado (...) no cumple con esos mínimos internacionales respecto a los delitos de los cuales son competentes los tribunales pues se activa la jurisdicción internacional", ha dicho durante el VII Congreso Internacional de Derecho Disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia.

Así, el procurador ha instado al fiscal general, Eduardo Montealegre a dejar de buscar escenarios que podrían evitar a los guerrilleros el paso por la cárcel, según ha informado la prensa colombiana.

Desde el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 2012 en Oslo y La Habana, respectivamente, Gobierno y FARC llevan a cabo un diálogo de paz basado en una agenda de seis puntos para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, en las que han muerto 600.000 personas.

Tras seis meses de intensas negociaciones, finalmente el 26 de mayo de 2013 las partes pactaron sobre desarrollo agrario y rural, el primer punto de la agenda y el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su lucha armada.

El segundo acuerdo del proceso de paz llegó el pasado 6 de noviembre, sobre participación política. Los puntos clave son el compromiso para crear un estatuto de la oposición, que establezca sus derechos, deberes y garantías, y una reforma electoral, que incluye circunscripciones transitorias.

A ellos se suma un tercer acuerdo alcanzado el pasado 16 de mayo sobre el problema de los cultivos de drogas ilícitas, por el cual las FARC se han comprometido a romper todos sus vínculos con el narcotráfico, una de sus principales fuentes de financiación.

Las partes iniciaron el pasado 12 de agosto las conversaciones sobre el reconocimiento y la reparación a las víctimas, tema al que seguirán el abandono de las armas y el mecanismo de refrendación del acuerdo final de paz.