La Procuraduría colombiana abre una investigación disciplinaria por la muerte de niños wayuú

Las pesquisas, de las que ha podido saber Caracol Radio, se dirigen contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y varios ex alcaldes y ex gobernadores.

La Procuraduría considera que el ICBF "ha adoptado medidas ineficaces en temas tales como la atención a los menores en situación de desnutrición", de modo que, lejos de "contrarrestar la problemática", ha agravado la crisis, que en 2016 se ha cobrado más de diez vidas.

En consecuencia, ha reclamado al ICBF información sobre su respuesta a esta emergencia humanitaria y, en concreto, sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH ordenó en diciembre al Estado colombiano adoptar medidas cautelares al considerar que "la vida e integridad personal" de los wayúu, la población indígena de La Guajira, "está en riesgo en vista a la falta de acceso a agua potable".

La escasez de agua, que se debe a la naturaleza desértica de La Guajira y a los proyectos mineros que han proliferado en los últimos años, ha llevado a los wayuú a un estado de desnutrición que se ha saldado con la muerte de casi 5.000 niños en ocho años.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocó en febrero una inédita reunión con las autoridades de todos los niveles de gobierno de La Guajira para abordar la desnutrición de la comunidad wayuú. "¡No se puede morir ni un solo niño por desnutrición! (...) Es una vergüenza para el país", dijo.

La Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, ha encargado a Santos que se ocupe personalmente de diseñar, coordinar y ejecutar un plan verdaderamente eficiente para garantizar la existencia de los wayuú, ante el fracaso de las medidas adoptadas hasta ahora.