El Supremo de Maldivas valida la prórroga del estado de emergencia pese a que fue aprobada sin quorum

En la votación participaron únicamente 38 parlamentarios --todos ellos del partido gubernamental--, a pesar de que era necesario que estuvieran presentes 43 para que la votación fuera válida.

Sin embargo, el Supremo ha dicho que el 'quorum' de 43 parlamentarios para "cualquier asunto de cumplimiento para los ciudadanos" no es aplicable en el caso del estado de emergencia, según ha informado el portal local de noticias Maldives Independent.

La Policía ha detenido al menos a tres parlamentarios opositores que protestaban contra la decisión del Supremo pasado el toque de queda, tal y como han señalado el Partido Democrático de Maldivas (PDM) y el Partido Adhaalath.

El PDM ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que los detenidos son los parlamentarios Mohamed Amiz y Abdulá Ahmed, que abandonaron del partido del presidente, Abdulá Yamin, mientras que el Partido Adhalaath ha señalado que el otro detenido es Zuba Rashid.

El presidente de Maldivas declaró el estado de emergencia a raíz de la crisis política que se desató por la decisión del Tribunal Supremo de excarcelar a nueve opositores, medida que fue retirada después de la detención del presidente del organismo, Abdulá Said.

En su primer fallo, el Supremo ordenó la liberación inmediata de Nashid --quien se encuentra en el exilio-- y otros ocho líderes opositores, entre ellos el exvicepresidente Ahmed Adib, y recalcó que se deben repetir los juicios contra ellos.

La decisión afectaba además al parlamentario Ahmed Faris; el líder del Partido Jumhuri, Gasim Ibrahim; el exfiscal general Muhuzaz Muhsin; el exmagistrado Ahmed Nihan; el líder del Partido Adhaalaz, Imran Abdulá; el exministro de Defensa Mohamed Nazim; y Hamid Ismail.

El tribunal ordenó además que los doce parlamentarios cesados de sus cargos que vuelvan a sus escaños, lo que da la mayoría a la oposición, que podría aprobar un 'impeachment' contra el presidente.

La inestabilidad es persistente en el archipiélago desde el derrocamiento de Nashid en febrero de 2012, tras lo que fue arrestado y sentenciado en marzo por ordenar el secuestro de un juez, tras un proceso criticado por la comunidad internacional.