El TPI busca nuevos socios para tener un alcance "universal" tras quince años de historia

El Tribunal Penal Internacional (TPI) cumple en estas fechas quince años de historia y lo hace en un contexto de "desapego" por parte de la comunidad internacional, debido a la impunidad de crímenes tan graves como los cometidos por los terroristas de Estado Islámico. La presidenta de la corte de La Haya, Silvia Fernández de Gurmendi, asegura que la única forma de dar respuesta a todas las atrocidades es conseguir que todos los países se sumen al Estatuto de Roma.

"¿Por qué el TPI no actúa en Siria?", plantea directamente la propia Fernández de Gurmendi en una entrevista concedida a Europa Press, confesando que es uno de los reproches más habituales. "Este es un ejemplo claro de situaciones de las que la corte no puede ocuparse" por las limitaciones que impone el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.

"El TPI es un órgano creado por un tratado internacional" y, como tal, debe mantenerse dentro de los "confines" del mismo. Esto supone que "solo puede investigar y juzgar los hechos que se comenten en un Estado parte o los hechos que cometen nacionales de un Estado parte". "Si no se dan estos dos tipos de conexiones --por territorio y por autor--, la corte no tiene competencia", aclara la jurista argentina.

Solo hay una vía que permite eludir el Estatuto de Roma: un mandato directo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, en el caso sirio las posiciones políticas han frustrado cualquier consenso. Rusia, principal valedor del régimen de Bashar al Assad en la arena internacional y uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, ha hecho descarrilar todas las iniciativas.

Además, hay un tercer obstáculo "y es que ciertos delitos no han sido tipificados en el Estatuto de Roma" y, por tanto, escapan a la jurisdicción del TPI. La ausencia más notable es el delito de terrorismo internacional porque "no hubo suficiente acuerdo para incluirlo". El Consejo de Seguridad de la ONU ni siquiera ha logrado consensuar una definición.

Para la jurista argentina, esto último no supone un problema porque "en sus quince años de historia la corte se ha ocupado tanto de actores estatales como de actores no estatales, incluidos algunos afiliados a grupos considerados terroristas". Fernández de Gurmendi ha mencionado el caso de Ahmed al Faqi al Mahdi, combatiente de Al Qaeda condenado por crímenes de guerra por "destruir propiedad cultural" en la ciudad maliense de Tombuctú.

"Los delitos que figuran hoy en el Estatuto de Roma han sido suficientes para captar hechos que podrían ser calificados de terrorismo pero que han podido ser juzgados como crímenes de guerra o lesa humanidad (...) Por tanto, creo que las definiciones que hay son suficientemente amplias para abarcar la mayor parte de los fenómenos de criminalidad", ha sostenido.

ESPANTADA AFRICANA

"El principal obstáculo a la acción del TPI es la falta de universalidad", ha afirmado tajante Fernández de Gurmendi. Actualmente, de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, solo 124 han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que hay cerca de 70 que se mantienen al margen del sistema, entre ellos algunos de gran peso internacional, como Rusia o Estados Unidos.

A ello se añade que en los últimos años han surgido "fricciones" con algunos de los países integrados en el TPI. Se trata de Sudáfrica, Burundi y Gambia, cuyos gobiernos han amenazado con retirarse del Estatuto de Roma porque, según denuncian, solo se ocupa de los crímenes cometidos en África y obvia otras situaciones de igual gravedad que ocurren en otras latitudes.

Fernández de Gurmendi ha reconocido que "la mayor parte de las investigaciones que se han abierto han sido en África --en estos momentos todas menos una--", si bien ha subrayado que "la gran mayoría se abrieron a petición de los estados concernidos por los hechos y solo en dos casos a petición del Consejo de Seguridad". "También tiene que ver con el hecho de que eran situaciones muy graves dentro de las que son de la competencia del TPI", ha apostillado.

La presidenta ha destacado que estas "fricciones" se han limitado a tres estados, de los cuales "dos --Sudáfrica y Gambia-- han dado marcha atrás, de modo que en estos momentos el único país que continúa en el proceso de retirada es Burundi". "Hemos dejado atrás estas fricciones y hoy estamos en un proceso de consolidación para tener una mejor relación con todos" los estados miembro, ha valorado.

Fernández de Gurmendi ha achacado estos movimientos a la naturaleza del TPI. "Tiene la fragilidad de un tratado internacional. Los estados son libres para decidir si se adhieren o se retiran y, por tanto, en la vida de la corte vamos a encontrarnos con estados que se suman y estados que se van", ha explicado. "No hay que subestimar el problema pero tampoco darle una importancia mayor de la que tiene", ha estimado.

OBJETIVO: LA "UNIVERSALIDAD"

"Lo que se debe hacer es lograr que cada vez más nuevos estados firmen el Estatuto de Roma", ha defendido. Para conseguirlo, el TPI "debe hacer lo mejor posible su trabajo, demostrar que puede administrar justicia de alta calidad y de manera eficaz" con el objetivo de "convencer" a los países díscolos y que su tratado fundacional tenga un alcance "universal".

Entre los ámbitos a perfeccionar, Fernández de Gurmendi ha mencionado "desafíos de gobernanza interna" para que los procedimientos sean más eficientes, sobre todo más rápidos, ya que en estos quince años solo se han logrado nueve condenas, y de "cooperación", dado que el TPI "depende absolutamente" de la ayuda que le prestan sus miembros para detener sospechosos, recabar pruebas y proteger testigos.

Fernández de Gurmendi ha admitido que "estamos en un momento difícil" para alcanzar la "universalidad" del TPI, debido al creciente "desapego" a "conceptos globales" que se refieren al respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario (las llamadas leyes de la guerra), así como al reconocimiento de la justicia penal internacional y de los "mecanismos multilaterales". "Pareciera haber una regresión", ha lamentado.

Sin embargo, ha recordado que no es la única crisis que ha atravesado --y superado-- el sistema de Derecho Internacional. "Desde 1945 hemos visto cinco décadas de desarrollo impresionante, un desarrollo normativo" que, entre otras cosas, ha permitido que el TPI naciera en 2002, "fruto de un esfuerzo de diplomacia multilateral" y que "hoy la impunidad no sea una opción".

"La corte es una institución joven pero plenamente operativa que ha comenzado a dar sus frutos" y que para sobrevivir y crecer deberá apoyarse "en la comunidad internacional en su conjunto" --gobiernos, pero también y cada vez más en la sociedad civil-- para sobreponerse a un ambiente hostil. Su trabajo es "vital" para garantizar que "las atrocidades que conmueven profundamente la conciencia de la Humanidad", según reza el Estatuto de Roma, no queden sin castigo.