El Tribunal de Cuentas de la UE cuestiona la eficacia de la ayuda europea para los rohingyas

"El apoyo en el estado de Rajine no logró alcanzar resultados significativos", ha concluido el órgano que fiscaliza las cuentas europeas en su informe, en el que evalúa la eficacia de la ayuda europea destinada a Birmania entre 2012 y 2016 tras la Constitución de un Gobierno civil en el país en 2011 en apoyo a las reformas y la transición.

La UE ha asignado para Birmania cerca de 1.000 millones de euros entre 2012 y 2020, aunque el informe sólo fiscaliza la ayuda dirigida entre 2012 y 2016.

De un paquete "total" de 380,7 millones de euros para Birmania, 38,8 millones se asignaron para el estado de Rajine, precisa el informe.

El Tribunal de Cuentas asegura que solo "la mitad" de los proyectos fiscalizados en Rajine se llevaron a cabo según lo previsto y la eficacia de "la mayoría de los proyectos" fue únicamente "parcial".

"Los proyectos de la muestra del Tribunal que se ejecutaron en el estado de Rajine no consiguieron resultados significativos", concluye el organismo europeo en su informe, en el que constata que la Comisión "no evaluó suficientemente las prioridades" en las diferentes regiones del país y que si se hubieran priorizado "podría haber incrementado el impacto de la asistencia de la UE".

"La ayuda humanitaria es muy necesaria en determinadas regiones de Birmania, en particular en los estados de Rajine y Kachin", ha insistido.

Así, el Tribunal de Cuentas europeo afea por ejemplo que "el primer estudio sobre las necesidades específicas del estado de Rajine no se llevó a cabo hasta 2017" y tampoco hubo "suficiente coordinación" entre los Departamentos de Ayuda Humanitaria y de Cooperación de la Comisión.

En términos generales, el órgano que fiscaliza las cuentas europeas ha concluido que la ayuda al desarrollo europea canalizada a Birmania entre 2012 y 2016 ha sido eficaz "sólo en parte" aunque reconoce el "contexto difícil", entre otros el avance en el proceso de paz y el ritmo de las reformas "inciertos" en el país asiático.

En particular, el Tribunal de Cuentas europeo ha detectado "deficiencias en la evaluación de las necesidades" del país por parte de la Comisión Europea, así como "en la ejecución de la ayuda".

"Los proyectos controlados lograron resultados en distinta medida: Solo la mitad obtuvieron las realizaciones previstas, sobre todo por los retrasos en la ejecución", constata el informe, en el que admite que en cerca de "la mitad de los proyectos controlados" no ha podido evaluar su "sostenibilidad" y efecto.

También ha constatado "deficiencias" en los indicadores utilizados para los proyectos y en su seguimiento y "poco impacto" en las medidas de control presupuestario de los contratos entre la UE y la ONU.

Entre otros, cuestiona el uso generalizado de contratos directamente con "los socios ejecutivos" y la eliminación del requisito de someterlos a convocatorias, algo que "redujo la transparencia" al seleccionar los proyectos y podría haber afectado "negativamente a la relación coste-eficacia" de los mismos.