La UE admite "desafíos sustanciales" en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales en Egipto

El Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea alertan de que "muchas" de las disposiciones "robustas" en materia de Derechos Humanos y libertades individuales en la nueva Constitución de 2014 siguen sin implementar y que "ciertas libertades como la libertad de asociación y de reunión son restringidas" en Egipto en un documento conjunto publicado este lunes en el que repasan en estado de la cooperación bilateral.

También recuerdan que el Tribunal Supremo dictaminó en diciembre de 2016 que el artículo de la Ley sobre Protestas de 2013 que autorizaba a las autoridades a prohibir o posponer una protesta "era inconstitucional" y han evocado las "preocupaciones" expresadas por acciones que parecían destinadas a aumentar la presión sobre los periodistas y organizaciones de la sociedad civil como la redada de las fuerzas de seguridad en un oficio sindical de prensa en mayo de 2016, las condenas a prisión contra el jefe de este organismo y dos miembros de la junta y el cierre del centro para rehabilitación de las víctimas de violencia Al Nadim.

El servicio diplomático europeo y el Ejecutivo comunitario también denuncian la confiscación de los activos de "un número de activistas y organizaciones de Derechos Humanos prominentes" y la nueva ley sobre las ONG que restringe su registro y labor en función de su financiación del extranjero y que "podría afectar la asistencia europea para Egipto que depende de organizaciones no gubernamentales" para ejecutarla como "socios" para promover y reforzar la gobernanza democrática. La ley fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2016 y ratificada por el presidente y publicada en el Diario Oficial en mayo de 2017.

Por lo que se refiere a la legislación antiterrorista, que introdujo en 2015 fuertes penas por difundir informaciones "incorrectas" sobre actos de terrorismo, el SEAE y la Comisión alertan de que las autoridades egipcias recurren a la detención preventiva sin cargos formales, en algunos casos durante más de los dos años de plazo límite legal, del uso de tribunales militares para juzgar a civiles y de "deficiencias de procedimiento" en el enjuiciamiento de opositores y disidentes, "incluido condenas en masa y fallos basados en insuficientes pruebas".

También alertan de se han pronunciado un número "considerable" de condenas a muerte, aunque "muchas" son luego revocadas en apelación y evocan alegaciones de "tortura y maltrato en detención, incluido muertes resultantes de la tortura o la negligencia médica".

Por lo que se refiere a la situación de las mujeres, ambos advierten en el documento conjunto que a pesar de algunos pasos que se han dado, incluido la elección del mayor número de diputadas en la historia del país, las mujeres siguen enfrentándose con "barreras políticas, económicas, sociales y culturales que impiden su participación equitativa y plena" en la vida pública y "la violencia contra las mujeres está generalizada, tanto en la esfera privada como pública".

En el documento, recuerdan que Egipto se clasificó en el puesto 108 de 176 países según el Índice sobre la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2016, lo que refleja "la debilidad percibida en los mecanismos oficiales para investigar y castigar el comportamiento corrupto y la falta de transparencia respecto al gasto gubernamental".

La UE ha destinado tres millones de euros a un proyecto para establecer un mecanismo "efectivo" para combatir la corrupción y el lavado de dinero en Egipto, según precisa en el documento, que cifra en 1,3 millones de euros la ayuda europea comprometida para Egipto entre enero de 2015 y mayo de 2017, el 45% para promover el desarrollo socioeconómico del país y el 10% para mejorar la gobernanza, los Derechos Humanos, la administración pública y la justicia.

En materia judicial, la UE ya está ayudando a Egipto a modernizar su Justicia con un proyecto en el que cooperan Francia, España, Italia e Irlanda del Norte, valorado en 10 millones.

La UE realizó a través del SEAE una visita exploratoria en 2016 a El Cairo para abordar la cooperación potencial en seguridad y la lucha antiterrorista y en enero de 2017 altos funcionarios de la UE visitaron el país para abordar la posibilidad de una cooperación "más fuerte, estratégica y completa" en materia de inmigración y acordaron lanzar un diálogo formal sobre inmigración, cuyo alcanza está definiendo todavía ambas partes.

En el documento, admiten que Egipto aprobó una ley que criminaliza a los traficantes de inmigrantes a raíz del naufragio en septiembre de 2016 frente a las costas del norte del país en el que murieron unas 600 personas, la mayoría egipcias, que junto con la estrategia nacional para combatir la inmigración ilegal que cubre el periodo 2016-2026, ha contribuido a que no se registrara ninguna llegada a Italia desde Egipto entre octubre y diciembre de 2016.

No obstante, un total de 12.766 inmigrantes llegaron a Italia desde Egipto hasta finales de 2016, un 15% más que en 2015, según cifras del Ministerio del Interior italiano.