La UE insta a Kiev a dar marcha atrás en las restricciones a manifestaciones

"Estos actos legislativos restringirían significativamente los derechos fundamentales de los ciudadanos ucranianos de asociación, medios y prensa y recortarían seriamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil", han avisado los Veintiocho en unas conclusiones adoptadas sobre Ucrania en las advierten además de "las circunstancias procedimentales dudosas" con las que se han aprobado.

Los Veintiocho han instado a las autoridades ucranianas en todo caso a "garantizar que estos desarrollos son revertidos" y que su legislación respeta los compromisos del país "europeos e internacionales". "La UE está muy preocupada por los acontecimientos recientes en Ucrania e instan a todos los actores a buscar, a través de un diálogo incluyente, una solución democrática a la actual crisis política que cumpla las aspiraciones del pueblo ucraniano", han subrayado en el texto.

Los Veintiocho han reclamado a "todos" a ejercer "la contención" y a las autoridades de Kiev específicamente a "respetar plenamente y proteger el derecho de los manifestantes pacíficos de reunión y expresión y la libertad de prensa", al tiempo que reclaman que se investiguen "debidamente" todos los actos de violencia y se lleven ante la justicia a los responsables de la misma.

Los ministros de Exteriores europeos han vuelto de dejar claro que "la UE sigue comprometida con la asociación política y la integración económica de Ucrania basada en el respeto de los valores comunes" y con "la firma del acuerdo de asociación, con su área de libre comercio profunda y completa, tan pronto como Ucrania esté lista".

La negativa del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea el pasado mes de noviembre para no afectar a su relación con Rusia, provocó que cientos de miles de ucranianos saliesen a las calles como señal de protesta.

En este contexto, el Parlamento ucraniano aprobó el jueves varias leyes que restringen las protestas en las calles. La normativa, respaldada por 235 de los 450 parlamentarios, prohíbe la instalación de tiendas de campaña sin autorizar, escenarios o altavoces en las zonas públicas del país, estableciendo multas de hasta 640 dólares (470 euros) o 15 días de cárcel.

Además, los manifestantes y organizaciones que proporcionen instalaciones o equipamiento para encuentros sin autorizar podrán ser condenados al pago de una multa de 1.275 dólares (937 euros) o enfrentarse a una pena de diez días en prisión.

Los disturbios de este domingo se han saldado con al menos 70 policías heridos, según los datos oficiales. No hay información sobre heridos entre los manifestantes, aunque los agentes han utilizado gases lacrimógenos, cañones de agua e incluso balas de goma. ana.pisonero