La UE reanuda la cooperación con el nuevo Gobierno de Gambia con un paquete de 75 millones de ayuda inmediata

"El cambio democrático pacífico en Gambia es el resultado de la determinación del pueblo gambiano, así como de los esfuerzos regionales e internacionales coordinados de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental" que contribuyeron a que el presidente saliente, Yahya Jamé, diera marcha atrás y renunciara a su puesto, ha defendido el comisario en un comunicado.

Mimica ha elogiado "la determinación, paciencia y coraje" del pueblo gambiano "durante un periodo de mucha tensión" y ha trasladado el "pleno compromiso" de la Unión Europea de implicarse con el presidente Barrow y su Ejecutivo.

"Queremos ser un socio privilegiado del nuevo Gambia", ha explicado el comisario, que ha precisado que al margen del paquete de ayuda "inmediata" de 75 millones firmado durante la visita, están preparando "un paquete a medio plazo de 150 millones de euros" de ayuda, que estará centrado en "consolidar las capacidades del Estado y la creación de empleo".

El Ejecutivo comunitario ha trasladado a las autoridades gambianas la disponibilidad de la UE de dar apoyo financiero y técnico para el proceso democrático en Gambia y apoyar el progreso en los Derechos Humanos, el buen gobierno y el desarrollo incluyente y durable.

La UE congeló la ayuda no humanitaria para Gambia por los abusos de Derechos Humanos en el país, especialmente por la introducción de la ley del anterior Gobierno de Jamé para castigar la homosexualidad a finales de 2014.

El Gobierno de Gambia expulsó a mediados de 2015 a la encargada de negocios de la UE, Agnès Gillaud, la máxima representante europea en el país, tensando todavía más las relaciones.

Entonces se especuló que su expulsión fue en represalia por la cancelación de dos proyectos de ayuda europea en el país por valor de 13,45 millones, algo que la Unión justificó por el progreso "insuficiente" en el país para cumplir "elementos esenciales del Acuerdo de Cotonou", que permite suspender ayuda en caso de violaciones a los Derechos Humanos. En total, se suspendieron 33 millones de ayuda.