La UE perfila el acuerdo para reformar la PAC con una 'tasa plana' limitada al 60% en 2019

El Consejo, la Eurocámara y la Comisión han logrado "puntos de entendimiento" en gran parte de los elementos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que ultiman esta semana, aunque deberán retomar el miércoles en una última reunión en Bruselas los asuntos que bloquean el consenso, con el futuro del sector del azúcar y la leche entre los más problemáticos, según han informado fuentes europeas.

Las tres instituciones han perfilado las grandes líneas del acuerdo en un trílogo que se prolongó hasta pasadas las 03.30 horas de la madrugada, tras la cual el equipo negociador del Parlamento Europeo abandonó la reunión en Luxemburgo, por su interés de que el acuerdo se cierre en la sede de la Eurocámara, tras un debate el miércoles.

Mientras, los ministros de Agricultura de la UE examinan los detalles de este consenso para decidir si los dan por buenos y si aceptan dar mayor margen de negociación a la presidencia irlandesa para resolver los últimos escollos en la fase final con los eurodiputados.

El propio comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se mostraba "moderadamente optimista" a su llegada este martes a la reunión con los ministros porque los contactos del lunes han permitido "lograr un acuerdo", si bien ha matizado que "aún hay puntos que discutir".

Entre las cuestiones por aclarar continúa la prolongación del sistema de cuota de producción para el azúcar, que reclaman una decena de países, incluido España, pero que Bruselas no veía con buenos ojos. El apoyo al sector lácteo, más allá del paquete de medidas adoptado el pasado año, es también otro elemento que complica el consenso.

En ambos casos se trata de asuntos "políticamente importantes" que necesitan más discusión, según ha explicado el comisario. Fuentes próximas a la negociación han añadido que sí parece cerrado el futuro del sector vitivinícola, con un sistema de autorizaciones limitado al 1 % por año y que se aplicará de 2016 a 2030.

TASA PLANA DEL 60%

Las instituciones también parecen haber dado con un punto de entendimiento para limitar la convergencia interna de las ayudas de la PAC, con la que Ciolos quiso obligar a una 'tasa plana' para que todos los agricultores de un mismo país o región cobraran el mismo nivel de ayudas por hectárea independientemente de su cultivo o zona.

España consideraba inaceptable este reequilibrio en los subsidios y, junto a países como Francia e Italia, han exigido flexibilizarlo al máximo. El modelo propuesto como consenso "no planteará problemas" a España, según han opinado expertos en la negociación, para quién "este tema está cerrado".

"Parece que hemos resuelto este asunto", ha declarado por su parte el ministro de Agricultura irlandés y responsable de mediar las negociaciones, Simon Coveney. El ministro ha confirmado lo que ya adelantó el lunes la eurodiputada socialista Iratxe García, miembro del equipo negociador de la Eurocámara, respecto a que se fijará un límite para que la convergencia interna no suponga más de un 30 % de pérdidas en las ayudas para una explotación.

Coveney además ha explicado que el reajuste en el pago de ayudas dentro de un país supondrá que para 2019 ningún agricultor debería percibir menos de un 60 % del pago medio de su región o país.

El ministro irlandés ha recalcado que para que este acuerdo sea efectivo es necesario que sea "confirmado" el miércoles tras el último tríologo en Bruselas, pero tras considerar "muy exitosas" las reuniones de las últimas horas se ha dicho "confiado" en que el acuerdo llegará esta semana.

Otro asunto de consenso es la definición de agricultor activo, es decir, del productor que tendrá derecho a solicitar ayudas de la PAC, para lo que se establecerá una "lista negativa" con la que se dejarán fuera beneficiarios que no realizan una verdadera actividad agraria, como campos de golf, aeropuertos o compañías de ferrocarril. Esta lista será obligatoria, pero los Estados miembros podrán ampliarla voluntariamente.

Tampoco quedan grandes divergencias en lo que se refiere al 'greening' o 'pago verde' que condicionará un 30 % de las ayudas directas a que el productor cumpla con determinados esfuerzos medioambientales, al tiempo que se prevén en el reglamento de Desarrollo Rural medidas para evitar la doble financiación por una misma medida beneficiosa para el medio ambiente, que tanto preocupaba a Eurocámara y Bruselas.

Queda por ver si los eurodiputados logran finalmente reabrir el miércoles algunos de los capítulos de la negociación que los 27 se han opuesto a abordar, por considerar que están directamente ligados a los presupuestos europeos y que fueron decididos por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su cumbre de febrero.

Los líderes limitaron entonces algunas de las propuestas iniciales de la Comisión, como la transferencia de fondos de un pilar a otro, la convergencia externa (entre países) y el techo máximo de 300.000 euros anuales para una explotación. Ese tope o 'capping' para los subsidios es algo que los mandatarios decidieron que fuera voluntario, pero tanto Bruselas como el Parlamento lo quieren obligatorio y se estudia la posibilidad de crear un sistema de modulación "regresiva" para reducir los apoyos más altos, como solución intermedia.