El fiscal general del Ulster propone abandonar los procesos por las muertes previas al Acuerdo de Viernes Santo

El fiscal general de Irlanda del Norte, John Larkin, ha propuesto este miércoles que se abandonen los procesos en relación con las muertes en el conflicto en este territorio previas a los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, ya que considera que las opciones de que los responsables de las mismas sean condenados son cada vez menores.

En declaraciones a la BBC, ha defendido que se abandonen las investigaciones policiales y judiciales en relación a las muertes que ocurrieron antes de esa fecha y que fueron obra tanto de los grupos paramilitares como de la Policía o el Ejército británicos. Se estima que unas 3.500 personas murieron durante las tres décadas que duró el conflicto en el Ulster.

"Han pasado más de 15 años desde el Acuerdo de Belfast, ha habido muy pocos procesos, y todos los abogados penales competentes dicen que las perspectivas de condena disminuyen, quizá exponencialmente, con cada año que pasa, así que estamos en una posición ahora en la que creo que tenemos que evaluarlo", ha señalado Larkin.

En opinión del fiscal, "ha llegado el momento de trazar una línea, fijada en el Viernes Santo de 1998, con respecto a las persecuciones, investigaciones y otros procedimientos". De ser adoptada esta propuesta, subraya la BBC, quedaría abolido el Equipo de Investigaciones Históricas, creado precisamente para investigar las muertes durante el periodo que se conoce como 'Troubles' (problemas).

CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE PAZ

Larkin, que es el principal asesor legal del Gobierno del Ulster para cuestiones civiles y penales, ha defendido que su propuesta es una consecuencia lógica de los términos del acuerdo de paz.

En este sentido, ha recordado que dicho acuerdo incluye el estatuto de desmantelamiento de armas de 1997, que estipula que las armas entregadas serán destruidas sin realizarles análisis forenses que puedan ser empleados como pruebas en procesos penales.

Además, la legislación introducida en 1999 respecto a la recuperación de los desaparecidos --asesinados y enterrados en secreto por los grupos paramilitares-- estipula que la información que lleve a estos restos solo puede ser examinada para aclarar la identidad, no para realizar pruebas forenses y por tanto emplearse en juicios.

Otro de los puntos del acuerdo, la Ley de Sentencia, contempla penas de prisión reducidas de un máximo de dos años para aquellos condenados por las muertes durante el conflicto.

Así las cosas, Larkin ha dejado claro que su propuesta no constituye una amnistía, aunque muchos puedan interpretarlo de este modo. "Algunas veces el hecho de una amnistía puede ser que lo que era un delito deje de ser un delito. Ese no sería el caso aquí, simplemente se tratará de que no habrá procedimientos penales con respecto a dichos delitos", ha explicado.

REACCIONES

La propuesta del fiscal general del Ulster ya ha recibido reacciones a favor y en contra. El ex ministro británico para Irlanda del Norte Peter Hain ha calificado la propuesta de "sentido común". A través de su Twitter, ha coincidido en que no debería haber "procesos penales relacionados con el conflicto antes del Acuerdo de Viernes Santo". "Mejor ayudar a las víctimas y abordar el pasado de otro modo", ha añadido.

Sin embargo, Patrick Corrigan, de Amnistía Internacional, ha considerado, en declaraciones a la BBC, que la propuesta de Larkin constituye una "total traición al derecho fundamental de las víctimas a acceder a la justicia".

Desde el nacionalista Partido Social Demócrata y Laborista (SDLP) han valorado las palabras del fiscal de "motivo de preocupación real". Su portavoz para asuntos judiciales, Alban Maginness, ha defendido que las víctimas y supervivientes de la violencia paramilitar "merecen justicia independientemente del paso del tiempo".

Por su parte, el diputado del Partido Unionista Democrático (DUP), Jeffrey Donaldson, ha subrayado que "no hay ningún país en el mundo libre en el que un asesinato no sea un delito, no se puede decir que un asesinato no es un delito, porque lo es".

"Hay 3.000 asesinatos no resueltos en Irlanda del Norte y esas familias tienen el derecho de buscar justicia", ha añadido, en declaraciones a BBC 4. Donaldson ha asegurado que Larkin no ha constulado al Gobierno del Ulster antes de hacer sus declaraciones y ha subrayado que la propuesta fijaría "un precedente extremadamente peligroso", no solo en Reino Unido sino en todo el mundo libre.

LAS VÍCTIMAS LO RECHAZAN

Los familiares de las víctimas, tanto las del Ejército Republicano Irlandés (IRA), principal grupo armado que combatió contra la soberanía británica en Irlanda del Norte, como las de las fuerzas del orden británicas, rechazan la propuesta.

Stephen Gault, cuyo padre murió en un atentado del IRA el Día de la Amapola en 1987 en Enniskillen, ha calificado de "repugnante" la idea en declaraciones al 'Irish Times'. "El asesinado de mi padre y otros miles más están siendo barridos debajo de la alfombra para que las cosas sigan adelante", ha lamentado.

De la misma opinión se ha mostrado Mickey McKinney, cuyo hermano murió a manos de las fuerzas británicas en el Domingo Sangriento en Derry en 1972, ha tachado de "totalmente ridícula" la propuesta. La Policía está investigando actualmente de nuevo el Domingo Sangriento y los familiares de las víctimas defienden desde hace años que se procese a los soldados responsables de las muertes, por lo que McKinney cree que si se abandona la investigación habrá un gran malestar.

"Yo me enfadaría mucho, mi hermano y todos los que murieron en el Domingo Sangriento fueron asesinados, fue un asesinato de estado, provocaría indignación", ha advertido. Lo que los soldados hicieron "ese día, tienen que rendir cuentas por ello", ha insistido.